Se defendió como gato boca arriba y llevó su causa hasta la última instancia, siempre dentro de los cauces legales. Quería ser alcalde de Cancún, pero todo dependía de los criterios de los juzgadores –como es en cualquier estado republicano y democrático–; perdió la postrera batalla José Luis “Chanito” Toledo Medina. Todo fue legal y como lo prescribe la Constitución General.
Le diríamos al joven político que cuando se vive en un orden constitucional hay que aceptar tanto lo que nos favorece como lo que no, y la sesión de ayer de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definitivamente no se alineó con sus astros, pero él lo tenía claro.
Él mismo nos lo declaró minutos después de que la Sala Superior dictara su sentencia: “Acato sin discusión alguna la decisión del tribunal constitucional electoral. Soy un hombre de leyes y lo seré toda la vida. Seguiré trabajando por la gente no solo de Benito Juárez y Solidaridad, sino de todo Quintana Roo, en las trincheras que me toquen”.
La tirria dirigida desde el Ieqroo, pasando por el Teqroo, acabó haciéndose legal ayer que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tenía decenas de asuntos urgentes por resolver y solo le dedicó tiempo y discusión al paquete Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia; ni siquiera discutió el caso que al parecer nada más estudió el ministro José Luis Vargas Valdez, que votó en contra de confirmar la sentencia de la Sala Regional Xalapa. La presidenta Janine Otálora Malassis advirtió desde antes que votaría a favor de todos los proyectos. Ni los leyeron.
Sí percibimos –como simple apreciación de observadores– que después de la ola garantista que arrancó en los tribunales a partir de 2010, cuando se elevaron las garantías individuales de la Constitución General a derechos humanos y es artículo primero les dio primacía, y se reafirmó en 2016, cuando se venció el plazo para la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, hay una marcha atrás: todo era derechos humanos y casi nada de legalismo constitucional, pero ahora vemos una especie de rebote, en el que incluso las normas locales contravienen al espíritu y la letra del artículo primero constitucional, que en la reforma de 2011 se convirtió en el ancla de la protección de la persona ante las autoridades y las leyes inferiores, incluyendo otros artículos constitucionales.
Ahí le tocó litigar a José Luis Toledo: el control constitucional palidece, la convencionalidad internacional parece ser ya solo un recurso discursivo y estamos volviendo a la rigidez inaplicable a la realidad del clásico derecho positivo mexicano. En el caso, en el que la defensa adujo falta de proporción al requisito de cinco años de residencia para ser presidente municipal en Quintana Roo, el ministro ponente Reyes Rodríguez Mondragón adujo el principio de libre configuración, que establece que los legislativos locales pueden apartarse de los criterios de las leyes federales y generales para hacer pertinentes las normas locales a su entidad federativa. Sin embargo la actualización de las leyes –cuando se convierten en realidad, en casos concretos– es prerrogativa exclusiva del Poder Judicial, que no debe ser tocado mientras el Constituyente Permanente no establezca otra cosa. La legalidad es lo que está en juego. La consigna dura lex, sed lex –dura es la ley, pero es la ley–, que se expresaba en la antigua Roma, debió haber experimentado “Chanito”.
Esos son nuestros tribunales, están legalmente constituidos, son parte del Poder Judicial e integran el orden republicano tanto como el resto de las instituciones. Por definición los juzgadores deben ser libres y autónomos, y si resulta que en algún momento las decisiones son más conservadoras no importa, hay que “apechugar”, pues en este caso, hablando de los los magistrados electorales, son ellos quienes deciden y nuestro sistema republicano les da la facultad de hacerlo. Eso es lo que dictan nuestras leyes, y punto. No hay otra manera de ser civilizados y la división de poderes de nuestra república debe seguir protegiendo la independencia de los togados.
Tampoco, por cierto, fueron así que digamos irracionales los argumentos contra “Chanito” en el Juicio de Reconsideración en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: el principio de libre configuración, según el cual las legislaturas locales pueden establecer normas acordes a su criterio sin tener que ajustarse a las federales prevaleció sobre otros criterios, que hace unos pocos años –o apenas meses– veíamos como preponderantes. Es más antigua la garantía de respeto al pacto federal y, modestamente y en plena ignorancia del derecho y la constitucionalidad, creemos que también debe cuidarse.
Son, insistimos, criterios. Habrá a quienes les parezcan regresivos o cualquier cosa –al de la pluma le parece que así es–, pero el TEPJF es el instrumento republicano por el que se rige en última instancia la vida electoral nacional y, mientras nuestra dinámica republicana en su desenvolvimiento democrático y sobre todo legislativo no disponga otra cosa, tiene la última palabra. Tan-tan.
GRILLOGRAMA
Serenidad y paciencia…
Si un buen político ser
Quiere, y así se conserva
Hará lo que era mantra observa:
Hay que saber perder
