Por Marcelo Salinas-Revista Fusión Q
Quintana Roo ha sido estigmatizado por la deuda pública. Desde hace años se ha dicho que permanece entre los de mayor endeudamiento, calculado entre 19 mil millones y 23 mil millones de pesos en diferentes periodos y por diferentes criterios. Cualquiera de las dos cifras es descomunal.
Pero aun cuando se estima que cada quintanarroense “debe” -bajo uno de esos criterios- 12 mil pesos aproximadamente. Porque esa carga per cápita no es culpa de la ciudadanía, sino de quienes gobernaron, aprobaron las cuentas, derrocharon el dinero o saquearon el erario.
Algunos servidores públicos ya han pagado ante la justicia; otros siguen, aparentemente, en calidad de prófugos. Tal es el caso de Juan Pablo Guillermo, ex secretario de la Finanzas y Planeación (Sefiplan) en la pasada administración estatal de Roberto Borge Angulo, pues según notas periodísticas sigue vigente una orden de aprehensión en su contra.
Como sea, la justicia y el combate a la impunidad debieran desarrollarse con una reparación de daños; como en este caso, cuando las autoridades actuales, sin deberla pero sí temerla, han optado por abonar con el evidente propósito de mejorar en imagen, calificación crediticia y condiciones para inversión.
La buena noticia se divulgó la semana pasada, aunque entre la atención puesta en las campañas políticas rumbo a la elección del 2 de junio y la veda electoral que restringe la difusión oficial en ciertas materias, estos datos relevantes no han tenido impacto.
Ya se amortizó 186.5 millones de pesos. De continuar con esa tendencia responsable, prevé la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, disminuiría unos 700 millones de pesos al término de la administración 2016-2022 del gobernador Carlos Joaquín González.
¿Gracias a qué? ¿Cuáles son los beneficios? Los refinanciamientos de 2016 y 2017 permitieron repactar las tasas de interés con los acreedores y así ahorrar lo suficiente para abonar. Además ha dado resultados una estrategia de acercamiento con los contribuyentes, para evitar la evasión y el pago tardío de impuestos, dos maniobras a la baja.
El gobierno del estado no ha solicitado más préstamos y le ha permitido disponer de más recursos para impulsar programas sociales, ya estabilizadas las arcas y con un crecimiento comprobado, por ejemplo, en los empleos generados. La entidad es líder nacional en esto último.
Por obvias razones, todo ello seduce a inversionistas nacionales y extranjeros en un contexto de confusiones por una nueva política de la Federación.
