Nuevo foco de corrupción en los accesos a playas

¿Tendremos por fin una herramienta para la ciudadanía, o descubrió la 4T un nuevo ‘filón de oro’, la manera para que funcionarios negocien con los poderosos intereses hoteleros? El tiempo lo dirá.
Foto: ¿Tendremos por fin una herramienta para la ciudadanía, o descubrió la 4T un nuevo ‘filón de oro’, la manera para que funcionarios negocien con los poderosos intereses hoteleros? El tiempo lo dirá.

Aunque muy celebrada, la última reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, que debe garantizar los accesos a las playas, abren la peligrosa posibilidad que funcionarios públicos puedan amagar y negociar con hoteleros la aperturas de estos accesos, lo que podría ser una enorme fuente de recursos producto de la corrupción.

Ello, pues la ley indica que cuando no exista un acceso, los propietarios de los terrenos colindantes deben permitir el paso “a través de los accesos que para efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”.

¿Tendremos por fin una herramienta para la ciudadanía, o descubrió la 4T un nuevo ‘filón de oro’, la manera para que funcionarios negocien con los poderosos intereses hoteleros? El tiempo lo dirá.

Quizá si el gobierno federal llevara una defensa efectiva de las playas públicas, podríamos darles el beneficio de la duda. Sin embargo, a dos años de gestión, jamás han pasado del discurso.

Apenas en días pasados, el ex subsecretario de Turismo, Simón Levy, reveló que el titular de la Sectur, Miguel Torruco, le prohibió abordar el tema de los accesos a playas, por tener él intereses con el sector hotelero. Levy renunció.

“Ten pantalones Miguel Torruco ¿quieres que muestre los WhatsApp donde me prohibías defender las playas por tus intereses con tus grupos hoteleros? ¿No te da vergüenza Miguel, esconderte detrás de medios? Yo no tengo la culpa de tu fracaso”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero no sólo es la Sectur culpable de una muy intencionada inacción, sino también la propia Semarnat, instancia que, a través de la Zofemat, debiera vigilar que las playas sean públicas.

A inicios de año, inauguraron con todo y acarreados un rimbombante “Movimiento Nacional para Recuperación de los Accesos Públicos a las Playas”, que resultó ser únicamente mediático, pues la única acción que realizaron fue abrir un acceso en Puerto Juárez, quitando un predio a una humilde cooperativa de pescadores, para luego esfumarse.

La expectativa era grande, pues sabemos que en las comunidades de Puerto Aventuras y Akumal, el clamor popular por un acceso a la playa data de décadas; sin embargo, nada ocurrió.
Foto: La expectativa era grande, pues sabemos que en las comunidades de Puerto Aventuras y Akumal, el clamor popular por un acceso a la playa data de décadas; sin embargo, nada ocurrió.

La expectativa era grande, pues sabemos que en las comunidades de Puerto Aventuras y Akumal, el clamor popular por un acceso a la playa data de décadas; sin embargo, nada ocurrió.

¿Habrá sostenido Rodrigo Hernández Aguilar, director de Zofemat, reuniones privadas con las cadenas hoteleras españolas? Ya nunca lo sabremos.

Lo que sí sabemos es que cuando López Obrador fue cuestionado por el cierre de playas en Quintana Roo, en lugar de prometer acciones, indicó que Miguel Torruco daría una respuesta. Días después, tibio, el titular de Sectur salió a decir la obviedad que en la ley las playas son públicas, esquivando totalmente el detalle que la realidad dista mucho de lo que marca el papel.

 

EL DERECHO QUE YA EXISTÍA

Lo que se debe aclarar, porque las modificaciones sí generaron cierta confusión, es que el derecho al acceso y libre tránsito a las playas, los mexicanos ya lo teníamos consagrado en diversas leyes; lo que ocurrió es que se especificó en un solo instrumento y, adicional a ello, se dictaron medidas de solución y a la autoridad que habrá de conocer de las denuncias y conflictos.

Es decir, jamás existió la oportunidad de privatizar las playas, es sólo que la autoridad, a través de actos de corrupción, ha solapado que se instrumenten medidas tendientes a la privatización y que, de hecho, se tendrán que resolver de ipso-facto; por ejemplo.

La barda que construyeron en el límite norte de la Playa del Niño, municipio de Benito Juárez que, en los hechos, privatizó la franja de la playa por más de 5 kilómetros, donde queda una pequeñísima playa a la altura del Santuario de Guadalupe y desde allí, nuevamente con los accesos cerrados hasta la terminal marítima de Punta Sam.

Más hacia el norte, desde Punta Sam, que por cierto, dicho sea de paso, ni la terminal de Puerto Juárez, ni la de Punta Sam tienen acceso libre.

Entonces, desde allí, hasta Isla Blanca, todo eso es un complejo de playas privadas en beneficio de las cadenas hoteleras, a las que se les permitió edificar sus muros sin respetar accesos públicos.

 

PUERTO MORELOS, SOLIDARIDAD, TULUM; EN EL OJO DEL HURACÁN

Todos los demás municipios del norte de Quintana Roo presentan el mismo problema, diríamos que se trata de un “polvorín” que en cualquier momento estalla, debido a los intereses que representan cada uno de ellos.

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La zona norte de Puerto Morelos, la Riviera Maya, Puerto Aventuras, Xcacel-Xcacelito, en fin, en todos lados de la geografía norte de Quintana Roo existen estos “agandalles” de las playas; el desenlace, créame, “de pronóstico reservado”.