En fechas recientes, han tenido que rendir cuentas dos viejos actores, Miguel Cantón Zetina y Carlos Mimenza Novelo, que estaban acostumbrados a moverse en la absoluta impunidad, pero que se han topado con pared al existir actualmente un estado de derecho que, si bien dista todavía de ser óptimo, sí significa, en el caso de estos dos personajes, que “quien la hace la paga”.

Se trata de dos “trasnochados”, que continuaban en fiesta, cometiendo irregularidades y atropellando derechos, sin darse cuenta que ya no vivíamos en la noche dictatorial del borgismo, sino que ya se había hecho de día y que hoy hay transparencia, rendición de cuentas y consecuencias para los actos realizados.

Miguel Cantón Zetina es un “dinosaurio” priista de los medios de comunicación en el Sureste. Por décadas, primero con el Tabasco Hoy, y luego con sus filiales en Campeche, Chiapas y Ciudad de México, ha obtenido millones de pesos del erario para guardar cómplice silencio de los atropellos de estos gobiernos. También en Quintana Roo llegó con ese esquema; incluso con los abusos laborales que lo caracterizan: salarios de miseria, cero prestaciones, quincenas atrasadas y despidos injustificados. Quienes hayan trabajado en el Grupo Cantón pueden dar testimonio de estos horrores.

Al ser su “negocio” los pagos de gobierno, lo que menos interesaba era que el periódico realmente se vendiera. Por ello, para abaratar costos, cada vez imprimían menos periódicos, hasta llegar a cantidades risibles: 600 ejemplares para todo Quintana Roo. Claro, Miguel Cantón continuó cobrando millonarias cantidades. Como ya lo reveló Quinta Fuerza, su empresa falsificó documentos ante el Gobierno Federal para certificar un tiraje ficticio, ¡39 mil ejemplares diarios!, y así exigir jugosos convenios.

Pero esa treta se acabó. No renovó contrato el gobierno, y él en una rabieta y dando sus “patadas de ahogado” por su empresa al borde de la quiebra, lanzó una serie de ataques, todos tristemente sin fundamento (el periodismo también cuesta, y él ya quedó hace mucho sin escribas de peso).

Ahora le cayó una auditoría y, aunque él chille ante ante el gobierno federal que es un ataque a la “libertad de expresión”, lo cierto es que él ofreció un servicio que no podía cumplir. El fraude está a la vista de todos, y ahora esta auditoría mostrará cuánto fue su verdadero tiraje y qué hizo con tantos millones recibidos. La cárcel es su más probable destino.

Quien ya está tras las rejas es otro “trasnochado” del borgismo: Carlos Mimenza Novelo. Perteneciente a una destacada familia cozumeleña y por ende íntimo amigo de múltiples gobernadores, este empresario se estableció en Quintana Roo para dedicarse a la especulación de tierras. Con la información privilegiada que obtenía, por sus nexos con gobierno, podía comprar de antemano a precio de nada terrenos que luego quedarían junto a avenidas, o donde el uso de suelo pasaría a comercial. Por años amasó fortuna. Tanta fortuna, que se rumora que incluso pasó a “cuidar” la fortuna de otros, disfrazándola como suya.

Creyéndose intocable, quiso lanzarse a la política, contratando un estudio de grabación, personal, estructura, lideresas, todo el paquete. En esta actitud soberbia, amenazó y luego extorsionó al director de Quinta Fuerza, todo por una publicidad que no era de su agrado, y que ni siquiera era de este portal de noticias.

Él esperaba, desde luego, que por su fortuna y sus influencias este medio se plegaría a sus deseos. No se imaginó que el tema sería denunciado a las autoridades, y mucho menos que el sistema de justicia hoy en día, y ya no como con el borgismo, sí trabajara y derivara en su detención.

Aquí hay otro que también acusó “persecución política”, cuando todo este conflicto que él detonó surgió antes. Incluso, él ya tenía una sentencia “en firme” de ocho meses de cárcel, por amenazas contra otro periodista. Sus ataques contra el gobierno y sus “autodefensas” que hoy se sabe están ligadas al crimen organizado, fueron ocurrencias desesperadas, para poder alegar ser víctima, cuando tocara su turno de ir a la cárcel.

Todavía falta mucho por hacer para poder decir que vivimos en un verdadero estado de derecho. Persisten “mafias” y cotos de poder en instancias gubernamentales y en sindicatos; muchas decisiones que debieran ser debatidas frente al pueblo son todavía tomadas en cuartos cerrados; falta, principalmente, sanear y profesionalizar a la Fiscalía y a Seguridad Pública. No obstante, ya dejamos muy atrás los tiempos de la impunidad, del robo descarado del erario, de escapar del castigo por tu apellido o tu situación.

Sigamos así.