El fuero de Rocha Moya ya no lo quita un juez: lo quita Morena
Rocha Moya volvió a la gubernatura y admitió que recuperó el fuero. No cambió protección por exposición: se movió del terreno donde decide un juez al terreno donde decide la política. Y ahí ya ganó.
El viernes, Rubén Rocha Moya volvió a ser gobernador de Sinaloa. Lo anunció en un video de 39 segundos, y escribió esto:
"…de frente y sin escudarme en el fuero constitucional —el cual recuperé ayer— propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción…"
Promete no esconderse detrás del fuero en la misma oración en que confirma que acaba de recuperarlo. Nadie lo obligó a decirlo.
Mientras esa frase se publicaba, Sinaloa llevaba 49 asesinatos en trece días. El 13 de agosto, un solo día, el estado puso 35 de cada 100 homicidios del país. Mazatlán se abrió como frente nuevo y la Marina mandó cerca de dos mil elementos. Los muertos no son el contexto de esta columna. Son el asunto.
Lo que el fuero de un gobernador sí es
Casi nadie lo explica, y sin eso la discusión no se entiende.
El artículo 111 de la Constitución trata a los gobernadores distinto que a todos los demás. Si la Cámara de Diputados declara procedente una acusación contra un diputado federal o un secretario de Estado, ese funcionario queda separado de su cargo de inmediato. Contra un gobernador, no: la Cámara únicamente comunica su decisión a la legislatura del estado, "para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda".
Los juristas le llaman desdoblamiento competencial. En español: el fuero de un gobernador no se lo quita San Lázaro. Se lo quita su propio congreso local.
Sobre si ese fuero alcanza para frenar una extradición hay pleito entre especialistas. Rodolfo de la Guardia García, doctor en derecho y exdirector de Interpol México, sostiene que no: la extradición es un procedimiento administrativo que nace de una causa extranjera, y el 111 protege frente a procesos penales mexicanos. La inmunidad, dice esa escuela, se creó para que un funcionario no sea distraído de sus funciones, no para blindarlo de responsabilidades en el extranjero.
Pero la Fiscalía General de la República tomó desde el primer día el camino contrario. El 29 de abril —el mismo día en que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificó la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses— su vocero Ulises Lara condicionó cualquier acción a "agotar los procedimientos de retiro de fuero antes de que un juez pueda girar órdenes de aprehensión".
Ahí está el punto. A Rocha Moya no lo blinda la Constitución, que admite lectura contraria. Lo blinda que la Fiscalía General de la República decidió leerla así.
De la ley al cabildeo
No siempre se leyó así. En octubre de 2016, cuando Javier Duarte pidió licencia y se esfumó, un juez resolvió que estando de licencia no gozaba de fuero y que la orden de aprehensión podía ejecutarse sin más trámite. La frase de ese juez quedó para el archivo: el fuero "no es amnistía".
Eso es exactamente lo que cambió el jueves, y es lo que casi nadie está diciendo.
Con licencia, Rocha Moya estaba a merced de un juez federal: sin fuero pleno, una orden podía girarse. Sentado otra vez en la silla, ya no. Ahora, para tocarlo, la Cámara de Diputados tendría que declarar procedente la acusación, y luego el Congreso de Sinaloa —treinta y nueve personas, en Culiacán— tendría que querer proceder.
No cambió protección por exposición. Subió de escudo. Se movió del terreno donde decide un juez al terreno donde decide la política. Y en ese terreno ya ganó.
El terreno donde ya ganó
Los números del Congreso de Sinaloa no admiten interpretación. Morena tiene 24 curules de 40. Con el Verde (6), el Partido Sinaloense (2) y el PT (1), el bloque llega a 33: ocho de cada diez votos.
El 1 de mayo, cuando Rocha Moya pidió licencia, ese Congreso se la aprobó por unanimidad: 38 votos a mano alzada, en una sesión extraordinaria convocada para las ocho de la mañana. Ni un voto en contra. Los tres votos del PRI que sí se opusieron ese día —entre ellos los de las diputadas Irma Guadalupe Moreno Ovalles y Paola Iveth Gárate Valenzuela— fueron contra otra cosa: el nombramiento de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, minutos después.
Y el viernes, el mismo día del regreso, Eligio López Portillo —coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, es decir, el hombre que controla esos 33 votos— dijo en conferencia de prensa en el propio Congreso:
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"Es legal, como cualquier ciudadano que tenga derecho y en tiempo y forma. Si en las investigaciones no hubo respuesta de culpabilidad, él tiene derecho a incorporarse."
Añadió que no hacía falta convocar a nada: "solamente a la Permanente se le entrega el documento". El Congreso que algún día tendría que decidir sobre su fuero ni siquiera necesitó reunirse para que volviera.
Esa es la aritmética completa. El desafuero de Rubén Rocha Moya no está difícil: está muerto, salvo que Morena se divida contra su propio gobernador.
"Ni el mínimo indicio": lo que la FGR dijo y lo que no
Rocha Moya justificó su regreso afirmando que la Fiscalía no encontró "ni el mínimo indicio" de su participación en delito alguno. No es lo que dijo la FGR.
El 9 de julio, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó en conferencia que la institución sí lo está investigando, junto con los otros nueve señalados, con base —palabras suyas— en "la petición de dicho país de detenerlos con fines de extradición". Sobre las pruebas dijo esto: "Con base en lo señalado en esta solicitud, no ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano". Y añadió que se realizaron entrevistas ministeriales a las diez personas citadas y que la FGR seguía reuniendo datos de prueba.
Eso no es decir que no haya nada. Es decir que lo que Estados Unidos mandó no alcanza el estándar mexicano, y que el expediente sigue abierto. No es un tecnicismo: el 21 de agosto, mientras Rocha se reinstalaba, la Secretaría de Gobernación aclaró que las investigaciones contra los diez continúan.
Una fiscalía que dice "todavía no me alcanzan las pruebas" no está diciendo lo mismo que "este hombre es inocente". Un gobernador que convierte lo primero en lo segundo está haciendo política, no derecho.
La calle llegó sola
En junio de 2024 publicamos "El gran fraude: Massive Caller, la empresa regiomontana que no acertó en sus encuestas", y no me desdigo de una línea. La misma casa levantó dos encuestas el 21 de agosto, con los flancos de siempre: llamada automatizada, 95% de rechazo, sin ponderación.\* Por eso no cito su número de intención de voto. Cito el otro, porque para eso sí alcanza: 62.7% de los sinaloenses cree que Rocha Moya volvió por el fuero, y 62.6% está en desacuerdo con su regreso.
Llegaron solos a donde ya había llegado la Fiscalía. Cuando Ulises Lara dijo el 29 de abril que primero había que quitarle el escudo, contestó sin querer la pregunta que seis de cada diez sinaloenses se hacen hoy.
Vale precisar quién ha planteado la duda en voz alta: políticos, no constitucionalistas. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo el viernes "ojalá su regreso no sea buscando fuero". No he encontrado a un solo jurista académico que haya analizado públicamente el regreso en esos términos. Pero el argumento no lo sostienen ellos: lo sostiene el vocero de la Fiscalía.
Lo que no vuelve por decreto
Nada de esto lo hace culpable, y quiero ser explícito. La acusación del Distrito Sur de Nueva York es una acusación, no una sentencia, y Estados Unidos lleva casi cuatro meses sin entregarle a México las pruebas que la sustenten. Rocha Moya tiene derecho a la presunción de inocencia y a exigir que quien lo acusa muestre lo que trae.
Pero hay una diferencia entre lo que un gobernador puede recuperar y lo que no.
El fuero volvió con él el 20 de agosto, automático, por el solo hecho de sentarse. Le costó nada: ni una sesión, ni un voto, ni una explicación a la Presidencia o a su partido, que se enteraron por redes sociales. Lo otro —la autoridad para conducir un estado que entierra gente todos los días— no tiene ese trámite.
Sus propios compañeros se lo hicieron saber. Morena y el Verde se deslindaron. Gobernación aclaró que su regreso fue "una determinación de carácter personal". Sheinbaum, que en mayo confirmó la ficha roja de Interpol en su contra, escribió sin nombrarlo que "ningún interés personal puede estar por encima del pueblo" —y a ella le va a tocar decir, tarde o temprano, si su gobierno pedirá la extradición o no—. Monreal, que en mayo lo protegió del juicio político, esta vez le pidió reconsiderar.
Rocha Moya dice que volvió porque tiene un deber con Sinaloa. Puede ser cierto. Pero se aseguró primero de volver al único lugar donde un juez ya no lo alcanza.
Un gobernador puede recuperar el fuero en una tarde. La autoridad moral no tiene trámite.
\* Los dos estudios reportan el mismo margen de error, ±3.4%, para una muestra de mil casos (Sinaloa) y otra de dos mil (nacional). Con dos mil entrevistas, ese margen debería rondar el ±2.2%.
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