Inés Gómez Mont dijo que aunque las autoridades la ponen al mismo nivel que un narcotraficante o terrorista, demostrará su inocencia.
La conductora de televisión aseguró que las acusaciones en su contra por supestamente haber recibido 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos son totalmente falsas, ya que jamás ha tenido esa suma de dinero.
“Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista”, afirma Gómez Mont.
“Demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio”: Inés Gómez Mont
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la conductora indicó que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.
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En el mismo dijo que ha guardado silencio para concentrarse en su defensa, pues asegura ser inocente y no haber cometido algún delito.
“Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”, expresó.
Giran 10 órdenes más de aprehensión en el caso de Gómez Mont
En el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que buscan a la conductora y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, un juez libró 10 órdenes más solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de captura incluyen a: Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
Por su parte, la FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que el dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.
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Contratos que fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales.
Mientras que el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.
Cabe destacar que de los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.
En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, destinados a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos, refirió El Universal.
