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Integran comisiones instructoras que analizarán procedencia de juicios políticos

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Chetumal.- Luego de recibir los dictámenes de la Comisión de Justicia, el Pleno de la XV Legislatura aprobó la conformación de las comisiones instructoras plurales.

Las cuales estudiarán, analizarán y determinarán la procedencia de los juicios políticos presentados contra Juan Pablo Guillermo Molina, Fredy Marrufo Martín y los tres magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO).

Comisiones instructoras se forman

El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia aseguró en tribuna que, con esta determinación aprobada por la mayoría del Pleno, la Legislatura estará iniciando un procedimiento con una Comisión Instructora que revisará la información y determinará si existen o no los elementos de prueba para iniciar un juicio político.

Además, en esta etapa se otorgará a los denunciados, el derecho constitucional de una debida defensa, así como el debido proceso y seguridad jurídica.

En la sesión ordinaria número 21, presidida por la diputada Mayuli Martínez Simón, se dieron lectura a los tres dictámenes donde se determinó que las solicitudes presentadas, cumplieron con los requisitos de procedencia previstos en la Constitución local y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Dando lugar a la incoación del procedimiento y a la aprobación del Pleno, de los acuerdos para conformar las comisiones instructoras correspondientes.

Juicio contra Juan Pablo Guillermo

La Comisión Instructora que estudiará, analizará y determinará procedencia de la denuncia de juicio político interpuesta por Fabiola Cortés Miranda, en contra Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, estará conformada por los diputados Emiliano Ramos Hernández como presidente, Jesús Zetina Tejero como secretario y José Luis González Mendoza, como vocal.

Esta denuncia, presentada por la representante de la asociación “Somos tus ojos por la transparencia Quintana Roo”, corresponde a conductas de violaciones sistemáticas y graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal.

Así como a las leyes que determinen el manejo de los recursos financieros estatales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado, por la cantidad de mil 464 millones 604 mil pesos.

Juicio contra Fredy Marrufo

En tanto, la Comisión Instructora que analizará la denuncia de juicio político interpuesta por el ciudadano Fidencio Balam Puc, en contra de Fredy Efrén Marrufo Martín en su calidad de presidente municipal de Cozumel del 2013 al 2016 estará integrada por los diputados Juan Carlos Pereyra Escudero como presidente, Eugenia Solís Salazar como secretaria y José de la Peña Ruiz de Chávez como vocal.

La denuncia presentada en contra de Marrufo Martín, es por la conducta en el manejo indebido de fondos y recursos públicos del Ayuntamiento de Cozumel.

Juicio contra magistrados

Mientras tanto, la Comisión Instructora que estudiará y determinará la procedencia de la denuncia de juicio político interpuesta por el ciudadano Sergio Avilés Demeneghi, en contra de Víctor Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, magistrados del TEQROO, estará conformada por la diputada Laura Beristain Navarrete como presidenta, Gabriela Angulo Sauri como secretaria y Jenni Juárez Trujillo como vocal.

Esta denuncia fue presentada por haber incurrido en actos y omisiones que señala el artículo 6 fracciones II, X y XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Eespecto al ataque a las instituciones democráticas, el abandono o desatención injustificada de sus funciones y la notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las funciones públicas, según señala el dictamen puesto a consideración del Pleno.

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Los Acuerdos aprobados, establecen que las reuniones de las comisiones instructoras se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento de Comisiones, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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