El abogado José Manuel Saucedo Ortiz, quién ha representado a la ex Secretaria de Desarrollo Social, presa por el caso denominado «La Estafa Maestra», será quien tenga a su cargo la defensa de los detenidos por el asesinato del gerente del Club de Playa Mamitas, Federico Mazzoni.
El abogado litigante, también dedicado a hacerse publicidad en la red social YouTube, se hizo cargo de la defensa de los detenidos y sospechosos relacionados con la ejecución de Federico Mazzoni, gerente del Club de Playa Mamitas, de origen argentino.
José Manuel Saucedo Ortiz abogado de profesión, socio del despacho SAOR, con sede en la colonia San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, tiene a su cargo la defensa de los detenidos y sospechosos implicados en el asesinato del gerente de Playa Mamitas, quienes además son identificados como miembros de un grupo criminal dedicado a la extorsión de empresarios de Playa del Carmen y la distribución de drogas en la zona de playas.
José Manuel Saucedo Ortiz, además de dedicarse al ejercicio de su profesión tiene un canal en la plataforma YouTube, desde donde promociona su despacho especializado en derecho penal; además de su canal de video por internet es conocido por ser afecto a la compra de favores de funcionarios judiciales, práctica por la cual fue detenido el 8 de julio de 2020, en Chihuahua al momento de pretender comprar los servicios de un agente del ministerio público que tenía a su cargo el caso de un detenido de origen colombiano, cliente del maestro Saucedo Ortiz.
Otro caso que atendió Saucedo Ortiz fue el de la ex Secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles Berlanga, caso del cual fue suspendido por orden del juez ya que Saucedo Ortiz, en su estrategia para alargar el proceso de Robles Berlanga, interrumpió la exposición de los fiscales, provocando alargar los tiempos legales. La designación del maestro José Manuel Saucedo Ortiz indica que tanto los detenidos como los sospechosos cuentan con recursos económicos suficientes para contratar los servicios jurídicos de un experto en prácticas jurídicas que incluyen la compra de voluntades, sobornos, amenazas y lo que se reúna en el proceso legal.
(Con información de El Rumbo del Caribe)
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