Si bien en un principio surgió la versión de que la empresa que se encargaba de la seguridad de los migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua pertenecía al cónsul honorario de Nicaragua, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que sería otra la empresa responsable.
Lo cierto es que hasta el momento no existe certeza sobre cuál fue la empresa responsable, y es que no sería la primera vez que este gobierno brinda información incorrecta.
Inicialmente medios como Latinus dieron a conocer que la estación migratoria en la que fallecieron 39 personas a causa de un incendio era vigilada por guardias de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León.
Según lo informado por Carlos Loret de Mola, por medio de SEICSA, Valdés Cabrera ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De hecho aseguran que aumentó la entrega de contratos a SEICSA desde que Gerardo Valdés Cabrera fue nombrado cónsul honorario en 2019 por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Según Latinus, SEICSA tiene diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos, principalmente en incidentes con migrantes. En en 2016 se informó a la ONU de al menos 10 agresiones de empleados de las empresas SEICSA y CUSAEM a migrantes que iban en trenes de carga en la ruta Apizaco-Guadalajara. La misma empresa estuvo señalada por la agresión a un migrante hondureño en la Ciudad de México.
SSPC ASEGURA QUE EMPRESA RESPONSABLE ES OTRA
Sin embargo, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sería otra la empresa encargada de vigilar a los migrantes que eran retenidos por el gobierno.
Según la secretaria la empresa involucrada es una que se llama Grupo de Seguridad CAMSA. Y sus dueños son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet. Y tras las revisiones hechas, descubrieron que tenían un contrato con el INM, al cual le debían proporcionar 503 elementos der seguridad en 23 estados. Sin embargo no cuentan con permisos de portación de armas y no se reportaron altas y bajas dentro de la plantilla, entre otras irregularidades.
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Por ahora está lejos de resolverse esta investigación. Habrá que esperar para ver si se castiga a los verdaderos culpables de esta tragedia que pudo evitarse, o no.
Con información de Proceso, Latinus y López-Dóriga.
