La tensión en el estado de Guerrero continúa en incremento. Entre violencia, cambios de clima y descontento social, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, nuevamente fue cuestionada sobre la comprobación del gasto de 900 millones de pesos que se desconoce en dónde se encuentran y que se niega rotundamente a esclarecer qué sucedió con ellos.
Luego de se señalada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la mandataria municipal ha sido el blanco de críticas y exigencias por parte de la población y de instituciones oficiales en donde se le pide transparentar el destino de ese dinero.
Pese a que se trata de una gran cantidad y que cuenta con una denuncia oficial en su contra, Abelina López aseguró que “no hay ninguna afectación. Lo demás es el Guerrero negro”. Esto acompañado una fuerte negativa para entregar los estados financieros solicitados por la ASE misma que, según la presidenta municipal, no tienen el poder para fiscalizar tal cantidad: “No puede haber dos auditorías. A mí me audita la Federación, no el Estado. Porque en Guerrero todo se puede”.
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La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por presunto ejercicio indebido del servicio público y negativa a rendir cuentas sobre el uso de recursos federales.
Según el organismo fiscalizador, la alcaldesa no ha podido justificar el destino de 898 millones de pesos correspondientes al presupuesto federal asignado al municipio durante el ejercicio fiscal 2023. Este monto incluye fondos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Fortamun, así como de los Ramos 33 y 38.
La ASE, que actúa como órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado de Guerrero, informó que ha iniciado los procedimientos correspondientes para esclarecer el uso de dichos recursos públicos. Asimismo, notificó previamente a la edil sobre la auditoría enfocada en verificar la correcta aplicación de estos fondos.
En una ficha informativa, la Auditoría subrayó que su objetivo es garantizar la transparencia en el manejo del dinero público y asegurar que los recursos federales sean utilizados en beneficio de la población, como lo establece la normativa vigente.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (derogada y sustituida en 2017 por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción) establecía obligaciones de rendición de cuentas para los funcionarios públicos.
Derogada y sustituida en 2017 por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, establecía obligaciones de rendición de cuentas para los funcionarios públicos. Sin embargo, actualmente la legislación aplicable es la: LGRA. Esta ley sí obliga a los servidores públicos a transparentar el uso de recursos públicos. Específicamente:
Artículo 7. Fracciones I, III y IV
Establece los deberes fundamentales de los servidores públicos en Guerrero, incluyendo:
Fracción I. “Cumplir con la máxima diligencia el servicio público que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.”
Fracción III. “Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.”
Fracción IV. “Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones y cooperar con las autoridades en la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos”.
Con información de El Universal.
