Con el voto de la mayoría de las bancadas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir desde la Constitución la producción, distribución y venta de cigarros electrónicos y vapeadores, así como el tráfico ilegal de fentanilo.
En la discusión del cambio –que forma parte del denominado plan C-, se alertó que se ha disparado el uso de dispositivos electrónicos para consumir nicotina, incluso en adolescentes, lo que se traduce en un aumento de daños a la salud e incluso fallecimientos.
“No podemos tener ningún tipo de consideración con estos dispositivos, que además generan importantes cantidades de basura electrónica”, dijo la diputada Adriana Bustamante (Morena).
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Aun cuando PAN y PRI votaron en favor de la medida, diputados de ambos grupos parlamentarios resaltaron que la prohibición de vapeadores y el tráfico ilegal de fentanilo debían ser motivo de una regulación legal, no de una enmienda constitucional.
La crítica se extendió porque además se modificó el artículo 5º constitucional, donde se prevé que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, comercio o trabajo que les acomode, siendo ilícitos”.
Con la modificación incluida esta noche, se agregó: “Queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
Con información de: Proceso y El Financiero
