El Gobierno del presidente de EEUU Joe Biden, promulgó una nueva norma que busca elevar los estándares bajo los cuales se puede solicitar asilo en la frontera sur.
La norma instruirá a los agentes de migración a prohibir que las personas consideradas un “riesgo para la seguridad pública o nacional” puedan presentar una solicitud de asilo y ser, por lo tanto, admitidas dentro del país.
Estos filtros ya se aplican a la hora de estudiar los casos de asilo, pero con esta nueva medida el Ejecutivo permite que sean utilizados durante la fase de las entrevistas de “miedo creíble”, en donde se decide si una persona cumple o no con los requisitos para solicitar protección tras cruzar la frontera con México.
La regla, que pasará a una fase de revisión antes de entrar en vigor, solo afectarán a una pequeña cantidad de gente, según EEUU.
En concreto, a quienes tienen un historial criminal serio o que están vinculados a actividad criminal. “Y eso es solo un porcentaje pequeño de todas las personas” que son detenidas cada día en la frontera sur, señaló durante un funcionario de alto rango en una llamada con periodistas.
Las personas a las que se les niega la posibilidad de solicitar asilo son expulsadas a México de manera inmediata o entran en un proceso formal de deportación, dependiendo de su nacionalidad.
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Otra directriz de EEUU
El Gobierno de EEUU también anunció una nueva directriz para los funcionarios de migración en la que se les pide considerar si un solicitante de asilo podría “trasladarse” a otro lugar del país de donde está huyendo.
“Seguiremos tomando acciones, pero fundamentalmente sólo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, señaló en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
Estas nuevas medidas llegan en medio de un año electoral en el que la inmigración es uno de los temas centrales. El expresidente y precandidato republicano a la presidencia, Donald Trump (2017-2021), ha adoptado una retórica antiinmigrante y acusa a Biden de haber creado una “crisis” en la frontera.
Organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes criticaron las medidas anunciadas, asegurando que erosionan el “debido proceso”.
