El gobierno de Estados Unidos levantó una barrera metálica de aproximadamente nueve metros de altura sobre la canalización del río Tijuana, en la frontera con México. La estructura, que busca reforzar el control migratorio, ha sido señalada por especialistas y autoridades mexicanas como una violación de acuerdos bilaterales.
Funcionarios del estado de Baja California y expertos en infraestructura han advertido que el muro, equipado con compuertas para permitir el paso del agua, representa un riesgo significativo, sobre todo en temporada de lluvias, ya que podría provocar inundaciones en el centro de Tijuana y en San Ysidro, California, debido a la obstrucción parcial del cauce del río.
La construcción se observa claramente como un puente que atraviesa el canal, permitiendo el tránsito de agentes de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. (CBP). Su sistema de compuertas, operado electrónicamente, está diseñado para abrirse cuando el nivel del agua aumente, aunque expertos advierten que su eficacia no está garantizada.
Adriana Reséndez Maldonado, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), ha expresado que esta obra infringe el acuerdo binacional de 1977, así como otros tratados que regulan las intervenciones en cuerpos de agua compartidos.
Según Reséndez Maldonado, “los efectos de esta construcción podrían ser devastadores, con inundaciones y daños materiales e incluso pérdida de vidas en territorio mexicano”. No obstante, hasta el momento no se ha anunciado una estrategia formal para abordar la situación.
El tratado de 1977 establece que cualquier modificación en el cauce del río Tijuana debe ser acordada por ambas naciones, lo que implica que la edificación del muro debería haber contado con el consentimiento del gobierno mexicano. Sin embargo, esto no ocurrió, generando preocupación entre las autoridades locales.
El río Tijuana, cuenta con una extensión de 195 kilómetros, y es un recurso compartido entre México y Estados Unidos. Su cauce se forma a partir de dos redes de desagüe que convergen en la zona urbana de Tijuana y continúa su recorrido hasta el océano Pacífico, sirviendo como límite natural entre ambos países.
Por su parte, el antropólogo Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, señaló que el gobierno mexicano debe intervenir de manera contundente, ya que el incumplimiento de los acuerdos internacionales por parte de Estados Unidos. podría tener repercusiones graves en la relación bilateral y en la estabilidad ambiental de la región.
“Estamos hablando de un tema que tiene que ver con implicaciones no solo de manera ambientales y sociales, pretendiendo frenar la migración, sino también políticas porque implica la aceptación y confirmación del Gobierno de México”, comentó Clark Alfaro.
Por su parte, una fuente anónima con conocimiento de las gestiones de la CILA en México reveló que el gobierno mexicano estaba al tanto del proyecto desde su inicio. A pesar de la oposición expresada por la comisionada Reséndez Maldonado, no se han tomado medidas concretas para frenar la construcción.
También te puede interesar: Video: Guardia de seguridad afroamericano agrede a repartidores latinos en Estados Unidos
“La cuestión aquí es ver qué tanto puede repercutir o no la construcción de este muro, que funge también como puente, en el ecosistema de la región y qué tanto el Gobierno de México ha permitido su desarrollo, pese a los tratados y pese a que desde el mismo Estados Unidos haya organismos y fuentes políticas que se han venido oponiendo a ello”, concluyó.
Con información de Milenio.
