Periodista denuncia la violencia en Guerrero ante la Corte Penal Internacional
Periodista denuncia la violencia en Guerrero ante la Corte Penal Internacional. Acusa a la gobernadora y demás autoridades.
La periodista de Guerrero, Marcela de Jesús Natalia presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en los Países Bajos, una denuncia penal contra el Estado mexicano y el grupo criminal Los Ardillos por los asesinatos y desplazamiento forzado generado en la montaña baja de dicha entidad.
Marcela de Jesús es periodista, locutora y defensora de derechos humanos oriunda del municipio amuzgo de Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero.
Ella sobrevivió a un atentado cuando salía de su noticiero en la estación de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en la cabecera municipal de Ometepec, en la misma región. Habían pasado algunos minutos después de las 9:00 de la mañana del 3 de junio de 2017 cuando fue baleada por un hombre.
Desde el intento de homicidio en su contra, la periodista fue desplazada de manera forzada de su entidad. Lleva nueve años desterrada, fuera.
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Marcela de Jesús Natalia presentó el 26 de mayo una denuncia penal en la sede de la CPI, en La Haya, por crímenes de lesa humanidad / traslado forzoso de la población.
De acuerdo con una copia del documento, el presunto delito ocurrió en comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero y como responsables apunta a “personas que integran el grupo criminal identificado como Los Ardillos”, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, autoridades municipales y otros. La presidenta de la localidad de Chilapa de Álvarez, es Mercedes Carballo Chino.
DENUNCIAN LA VIOLENCIA IMPARABLE EN GUERRERO
La denuncia fue presentada ante Karim Ahmad Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.
"Por medio del presente escrito se solicita a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional la apertura de un examen preliminar respecto a los hechos ocurridos en la región conocida como Montaña Baja del Estado de Guerrero, México", se detalla en el documento.
"Particularmente en comunidades indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez y zonas aledañas, consistentes en ataques sistemáticos y generalizados contra población civil indígena, desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas, desaparición, persecución y otras conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad en términos de los numerales 7 y 15 del Estatuto de Roma", se agrega.
Según el escrito la demanda satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 17 del Estatuto de Roma, particularmente en relación con la falta de disposición genuina del Estado mexicano para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos efectivos respecto de los hechos denunciados.
"No vengo a denunciar, vengo a pedirle al mundo que deje de ser espectados de nuestro dolor. Nos están arrebatando la paz, la memoria y la vida, pero nuestro pueblo sigue resistiendo", apuntó la periodista de Guerrero.
Señaló además que el gobierno del estado comparte la responsabilidad de cada muerte, desaparición y núcleo familiar fracturado al mantener nexos o permitir el libre actuar de las células delictivas en Guerrero.
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Vía: Proceso
