Diversos sectores en Illinois alzaron la voz tras revelarse que niños migrantes, que ingresaron legalmente a Estados Unidos, han comenzado a recibir cartas firmadas por autoridades federales exigiéndoles que abandonen el país. Estas misivas, enviadas por el gobierno de Donald Trump, han sido calificadas como intimidatorias y carentes de fundamento legal por líderes comunitarios y defensores de los derechos de los migrantes.
En los documentos, dirigidos directamente a los menores, se les indica que deben salir del país de inmediato. Las cartas advierten sobre consecuencias como procesos de deportación, sanciones económicas e incluso posibles cargos penales en caso de no acatar la orden.
Una de las cartas inicia con la frase: “Es hora de que salgas de Estados Unidos“, y continúa explicando que el permiso de entrada condicional que les fue otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido cancelado, o está por ser revocado.
Además, las autoridades federales amenazaron con tomar medidas si los menores no cumplen voluntariamente con la salida del país, lo cual ha provocado una fuerte reacción entre las familias afectadas. Algunas organizaciones han denunciado que esta acción puede generar graves secuelas emocionales en los niños, que ya han vivido situaciones traumáticas al migrar.
Por su parte, la pastora Julie Contreras, del refugio United Giving Hope, con sede en Waukegan, expresó su preocupación:
“Nunca antes habíamos visto algo así. Estamos hablando de menores que no representan ningún peligro y que ahora son tratados como delincuentes”. Subrayó también que muchos de estos niños llegaron al país en 2014 como parte del programa de protección humanitaria para menores no acompañados.
Muchos de los menores que recibieron estas cartas fueron reunidos posteriormente con familiares que ya vivían en Estados Unidos, en su mayoría indocumentados. Sin embargo, esta reunificación no les otorga representación legal en procesos migratorios, y dependen de abogados que, en los últimos meses, enfrentan limitaciones debido a recortes presupuestarios.
Contreras considera que esta estrategia podría formar parte de un plan más amplio para debilitar las protecciones de asilo infantil, acelerando deportaciones incluso cuando hay solicitudes pendientes. “Se trata de niños, no de criminales. Esta medida los aterroriza y viola sus derechos”, afirmó.
En algunos casos, familias enteras han optado por refugiarse en iglesias en busca de protección. Ejemplo de ello, son tres menores que han sido resguardados por la congregación de Contreras, y un cuarto niño fue dejado bajo su cuidado luego de que sus padres temieran represalias.
También te puede interesar: Donald Trump causa polémica por video generado con IA en el que arresta a Barack Obama
La ley federal establece que los menores no acompañados deben recibir protección especial, y que sus casos deben ser tratados con cuidado por la Oficina de Reubicación de Refugiados. Sin embargo, defensores aseguran que ese marco legal está siendo desmantelado de forma encubierta.
Tan solo en los primeros meses del año, más de ocho mil menores de 11 años fueron deportados, y desde que Trump asumió la presidencia, más de 50 mil niños han sido obligados a salir del país, según datos de TRAC, una entidad adscrita a la Universidad de Syracuse.
Con información de Debate.
