El gobierno de Irán vuelve a ser noticia por su crueldad al ejecutar en público a un joven de 23 años tras su participación en las protestas por la muerte de Mahsa Amini.
A Majid Reza Rahnavard, lo encerraron 23 días, para luego realizarle un juicio en el que no contó con garantías para su defensa, para condenarlo a morir en la ahorca, ejecución que se llevó a cabo en una grúa en plena calle en Mashad, a unos 900 kilómetros al este de Teherán.
Se trata de la primera ejecución pública de un detenido por las protestas, pues en el caso del primer manifestante, lo ejecutaron en la cárcel.
La razón por la que el gobierno determinó su culpabilidad, sería que se le acusaba de de haber matado a puñaladas a dos miembros de la milicia paramilitar Basij y bajo el cargo de “enemistad con Dios”, unas acusaciones de las cuales el gobierno no contaba con pruebas pero aún así lo declararon culpable.
Asimismo, organizaciones de Derechos Humanos, aseguraron que al joven se le negó incluso el acceso a un abogado.
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“se le negó el acceso a un abogado”. “En su lugar, se le designó uno de oficio. En el juicio, el letrado se puso del lado de la acusación y confirmó sus afirmaciones en lugar de defender a su cliente”, añadió.
“Está claro que en el juicio no se respetaron las garantías procesales. Según las leyes islámicas vigentes en Irán, cualquier acusado tiene derecho a apelar su condena a muerte en un plazo de 20 días después de recibir la sentencia, que luego debería ser revisada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, [Rahnavard] fue ejecutado 18 días después de ser condenado. Se ha aplicado la pena capital antes de que su familia pudiera apelar”, afirmó la abogada iraní de derechos humanos Shadi Sadr.
Con información de El País
