Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, manifestó su preocupación por la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador, porque “podría socavar la independencia de la judicatura”.
Sobre las iniciativas constitucionales presentadas por AMLO el pasado 5 de febrero, Margaret Satterthwaite, dijo: “Considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”.
“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial (…) por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, agregó.
Para Satterthwaite, las iniciativas impactarían directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el que las consideraciones políticas “podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato”.
Además, manifestó que las modificaciones “carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad”.
“Este mandato también ha concluido que la selección de jueces por períodos cortos de tiempo debilita el sistema judicial e impacta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces”, afirmó.
Asimismo, expresó su disgusto con el despedido automático previsto para más de mil 800 jueces y funcionarios en caso de aprobarse la reforma porque “podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales”.
La alineación de los periodos de cargo judicial con el ciclo electoral presidencial también preocupa a la relatora especial porque, “durante los períodos electorales, los votantes podrían ser influenciados por la retórica política y la campaña partidista”.
La investigadora también criticó la propuesta de facultar a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) para sancionar a jueces, que en su opinión se basa en criterios “vagos” y es contraria a los estándares internacionales.
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Según Satterthwaite, otorgar al órgano de administración judicial, conformado por miembros designados por otros poderes del Gobierno, la completa administración del Poder Judicial, incluyendo su gestión humana y financiera “comprometería severamente su autonomía”.
“Este arreglo socavaría el principio de independencia judicial al supeditar funciones administrativas críticas a la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo”, cerró.
Con información de Proceso
