Un motín en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, al suroeste de Ecuador, dejó al menos 31 personas muertas y más de 40 heridas, entre ellas un agente de la policía.
El incidente ocurrió cuando personal del centro penitenciario alertó sobre un amotinamiento en el establecimiento de Machala. Un “equipo táctico” de la Policía Nacional del Ecuador intervino y recuperó el control total de las instalaciones.
Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la revuelta se desató en protesta por la reorganización de los internos con vistas al traslado a una nueva cárcel de máxima seguridad.
De acuerdo con los reportes, los enfrentamientos comenzaron cerca de las 02:45 hora local, cuando internos se sublevaron y se enfrentaron entre sí en varias alas del penal, generando detonaciones, incendios y caos. Los primeros informes hablaban de 43 heridos, incluidos al menos un agente policial que resultó gravemente afectado en Ecuador.
La medida de reorganización de internos que motivó el motín responde al traslado programado hacia una nueva cárcel de máxima seguridad que el gobierno construye en la zona costera. Las autoridades penitenciarias sostienen que los traslados son parte de la estrategia para desarticular redes criminales dentro de los penales. En la práctica, sin embargo, la iniciativa se ha visto minada por la falta de tiempo, recursos y coordinación.
La provincia de El Oro, ubicada en la costa y vecina del Perú, se ha convertido en un escenario recurrente de motines carcelarios en Ecuador, donde las cárceles están saturadas y delegadas en buena medida al control de bandas que operan al margen del Estado. Desde 2021, más de 500 reclusos han muerto en motines similares en el país, según datos del AP.
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Ecuador atraviesa una crisis del sistema penitenciario que excede el incidente de Machala. La sobrepoblación, el poder de organizaciones criminales dentro de los penales —como la banda Los Choneros— y la persistente infiltración de armas son algunas de las causas estructurales.
El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 que el país vivía un “conflicto armado interno” vinculado al crimen organizado y ordenó la intervención militar en las cárceles.
Especialistas en seguridad señalan que mientras no se transforme el régimen interno, se garantice el control efectivo del Estado y se reduzca la impunidad, los motines carcelarios seguirán siendo moneda corriente en Ecuador. La fiscalización de las cárceles, la mejora de infraestructura, la capacitación del personal y el combate al contrabando de armas y explosivos son puntos señalados como prioritarios.
Para la población de Machala, ciudad portuaria de unos 300 mil habitantes en Ecuador, el episodio renueva la sensación de vulnerabilidad: la prisión ocupa espacio sensible en el imaginario colectivo y los vecinos relataron haber escuchado detonaciones y gritos durante la madrugada.
Con información de AP.
