Gobernadora de Nuevo México acusa a la DEA de permitir el tráfico de fentanilo
La DEA enfrenta fuertes acusaciones en Nuevo México tras revelarse que permitióo el paso de cargamentos de fentanilo como parte de sus investigaciones.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, acusó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de haber permitido el ingreso de cargamentos de fentanilo a distintas comunidades mientras desarrollaba investigaciones de gran escala contra organizaciones criminales.
Asimismo, la mandataria calificó la situación como un grave error por parte de las autoridades federales y adelantó que su gobierno analiza la posibilidad de reclamar miles de millones de dólares en daños civiles por las consecuencias que esta estrategia habría tenido en la población del estado.
Cabe mencionar que, la polémica surgió luego de reportes que indican que agentes de la DEA habrían seguido de cerca varios envíos de fentanilo entre 2023 y 2025 sin proceder a su decomiso inmediato. Según las versiones difundidas, el objetivo era recopilar evidencia para fortalecer investigaciones y procesos judiciales contra redes de narcotráfico.
Sin embargo, críticos de esta táctica consideran que permitió que grandes cantidades de droga llegaran a las calles. Entre ellos se encuentra el denunciante y exagente David Howell, quien cuestionó los riesgos que dicha estrategia representó para la seguridad pública.
También te puede interesar
Detienen a trailero que transportaba 88 kilos de fentanilo en Sonora
Datos recientes muestran que, mientras las muertes por sobredosis registraron una disminución del 14% a nivel nacional durante el último año, en Nuevo México la cifra tuvo un incremento significativo de 21%. Este contraste ha intensificado las críticas de funcionarios estatales hacia las autoridades de la DEA.
DEA permitió millones de pastillas de fentanilo en 2025
Asimismo, trascendió que uno de los cargamentos bajo observación habría contenido cerca de 1.8 millones de pastillas de fentanilo durante marzo de 2025. De acuerdo con los reportes, la DEA tenía conocimiento del envío, lo que ha generado cuestionamientos sobre las decisiones tomadas durante la investigación.
Ante estas revelaciones, el fiscal general del estado inició una investigación para determinar si existieron posibles violaciones a las leyes estatales y si las acciones de funcionarios federales pusieron en riesgo a la población al permitir la circulación del potente opioide.
Michelle Lujan Grisham expresó públicamente su indignación y calificó la estrategia como irresponsable e inaceptable.
La gobernadora sostuvo que debe existir una rendición de cuentas por los daños ocasionados y afirmó que las comunidades afectadas merecen respuestas claras sobre lo ocurrido.
Las críticas también fueron respaldadas por el alcalde de Albuquerque, Tim Keller, quien señaló que la ciudad ha enfrentado graves consecuencias derivadas de la crisis de adicciones y del aumento de la presión sobre los servicios de salud y emergencia.
Mientras tanto, la controversia ha generado tensiones políticas debido a que los hechos abarcan periodos de distintas administraciones federales.
Aunque la DEA inicialmente rechazó las acusaciones, posteriormente solicitó una revisión independiente por parte del Departamento de Justicia.
¿Qué te pareció?
Vía: Telediario
