El gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se ha colocado en una situación de riesgo legal al pretender “reasumir” el cargo, sin que el Congreso local le haya revocado la licencia que le otorgó hasta el 2 de junio de 2024.
Así lo han advertido diversos expertos en derecho penal y constitucional, quienes han expresado en la red social X (la nueva alternativa a Twitter) que García podría enfrentarse a una pena de prisión de entre tres y siete años, por los delitos de usurpación de funciones públicas o ejercicio ilícito del servicio público.
Además, si utiliza la fuerza pública para obstaculizar el trabajo del gobernador interino Luis Enrique Orozco, el funcionamiento del Congreso o remover a funcionarios de su puesto, incurriría en el delito de rebelión, que se castiga con hasta 14 años de cárcel.
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También se ha señalado que los servidores públicos que sigan las órdenes de Samuel García estarían cometiendo responsabilidades administrativas y penales, ya que el único que tiene la autoridad para dar indicaciones es el gobernador interino.
Los ciudadanos de Nuevo León han sido exhortados a documentar y denunciar los actos de gobierno que realice García, como las publicaciones en el Periódico Oficial del estado, ya que violan la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló que Luis Enrique Orozco asumiera la gubernatura interina.
De acuerdo con el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, el que “sin ser servidor público, se atribuya ese carácter y ejerza algunas de las funciones de tal”, comete el delito de usurpación de funciones públicas, que se sanciona con prisión de un mes a tres años y una multa de hasta mil pesos.
Asimismo, por desacatar la resolución de la SCJN, Samuel García podría ser separado definitivamente del cargo y consignado ante un juez de distrito, según los precedentes del máximo tribunal.
“Si los servidores públicos de Nuevo León no quieren tener problemas administrativos y jurídicos deberían ignorar a Samuel García hasta en tanto el Congreso o el Poder Judicial de la Federación no diga lo contrario”, advirtió el jurista Francisco Burgoa.
Con información de Aristegui Noticias
