Socios conductores de Uber se reunieron con el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia. Los operadores insistieron en el tema del amparo que supuestamente les permite operar en Cancún y el resto del estado, incluidos los aeropuertos.

Sin embargo, el funcionario dejó claro que aún no hay nada definitivo sobre ese amparo, y que en todo caso únicamente protege a la plataforma y empresa, pero no directamente a los choferes.

“No es un tema de ganar o no ganar amparos, hay un amparo que está en proceso, nadie lo ha ganado ni perdido, hay una suspensión para que no se le aplique la ley a la plataforma, pero esto no cubre a los choferes. Ellos tienen que tener un permiso al instituto, esa es la situación jurídica”, apuntó el titular del Imoveqroo.

Es decir, haya o no amparo, lo que la dependencia encargada de la movilidad en Quintana Roo pide a los socios conductores de Uber es que cada uno de ellos tramite su permiso para poder operar como operador de plataforma, el cual cuesta casi cinco mil pesos.

Se le preguntó al titular del Imoveqroo por los operativos que han seguido realizando y cuántas unidades han asegurado en los últimos días. Dijo que aseguraron seis vehículos de plataformas como Uber, cinco taxis, cuatro combis, 10 mototaxis.

Y explicó que en gobiernos anteriores no fue una prioridad la movilidad, y por ello, ahora que se buscar regular y poner en orden a los distintos modelos de transporte, encuentran mucha resistencia.

Sobre si tenían idea de cuántos operadores de plataforma hay en Quintana Roo. Aseguró que no, porque esa información la manejan las aplicaciones y hasta el momento ni Uber, Didi, InDrive y demás les han proporcionado esos datos.

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En cuanto a si habría prórroga para que los conductores tramiten este permiso ante el Imoveqroo, dijo que dado que tiene vigencia anual la tolerancia es por los primeros tres meses y ya estamos en el noveno (septiembre). Y aplica para todas las modalidades del transporte en Quintana Roo.

Alcázar finalizó diciendo que los operativos que se implementan no son ninguna cacería de brujas, sino que tienen como finalidad que se respete lo que marca la Ley de Movilidad.