Green 16: años de omisión administrativa destapan deuda millonaria en plena Zona Hotelera de Cancún
Vecinos afirman que, además del adeudo millonario, existen denuncias por presuntas irregularidades dentro del condominio
Lo que inicialmente fue presentado como un presunto corte injustificado de agua en el condominio Green 16 terminó por revelar un problema mucho más grave: años de mala administración, una deuda cercana a los 2 millones de pesos y decenas de familias atrapadas en un conflicto que pudo evitarse.
Información recabada por este medio y testimonios de vecinos confirman que el suministro de agua fue restablecido el pasado 17 de julio. Sin embargo, el fondo del problema permanece intacto: el desarrollo arrastra un adeudo millonario por los servicios de agua potable, energía eléctrica, internet y mantenimiento, acumulado durante años bajo la administración del propietario registral, el ciudadano extranjero Julián Román Ramírez, situación que mantiene al condominio inmerso en una crisis administrativa con consecuencias directas para sus residentes.
El caso exhibe el fracaso de una administración que durante años permitió el incumplimiento de sus obligaciones. Mientras el adeudo permanece sin resolverse, son los habitantes quienes pagan las consecuencias de una gestión irresponsable, enfrentando incertidumbre y afectaciones derivadas de decisiones que nunca estuvieron en sus manos.
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Vecinos afirman que, además del adeudo millonario, existen denuncias por presuntas irregularidades dentro del condominio, las cuales deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. De confirmarse, el caso evidenciaría un prolongado abandono administrativo y una preocupante falta de supervisión.
Green 16 se ha convertido en el símbolo de cómo la irresponsabilidad de una administración puede escalar hasta afectar a toda una comunidad. Resulta inadmisible que, en plena Zona Hotelera de Cancún, un desarrollo permanezca durante años acumulando deudas, conflictos y señalamientos sin que exista una solución de fondo.
Corresponde a las autoridades actuar con firmeza, investigar, deslindar responsabilidades y aplicar la ley sin distingos, porque la omisión institucional solo prolonga la impunidad y termina castigando a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
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