InicioQuintana RooCancúnRechaza víctima disculpa pública de la Fiscalía; responsables siguen "como si nada"

Rechaza víctima disculpa pública de la Fiscalía; responsables siguen “como si nada”

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Chetumal.- Hace tres años, el entonces juez cívico, Carlos Santos Lima, fue detenido por agentes de la entonces Procuraduría Judicial del Estado, por una supuesta orden de aprehensión de Yucatán, por violación, que databa de 2002; sin embargo, no existía ningún mandamiento judicial o petición de colaboración, por lo que este aseguramiento fue ilegal y una violación de sus derechos humanos. Hoy, la renombrada Fiscalía General del Estado ofreció una disculpa pública a su víctima, quien la rechazó, pues los responsables de este atropello siguen en la función pública.

Al tomar la voz, durante el acto de disculpa pública, el ex juez cívico recalcó que rechazaba este acto, pues no cumple con los protocolos marcados por Derechos Humanos, al no acudir el titular de la dependencia, Óscar Montés de Oca y no realizarse en un salón público.

Citando la ley, recalcó que su detención fue ilegal, pero pese a ello, los responsables, los tres agentes de la Judicial, Josué Lima Castillo Juan José Farías Ortiz y Flor Valdez Jiménez, el entonces director de la Ministerial, Ernesto Hernández Sánchez; y el subdirector de la Procuraduría en la Zona Sur, José Antonio Nieto Bastida, no han recibido sanción alguna, cuando lo que procede es su cese e inhabilitación.

El colmo es que Nieto Bastida hoy ocupe la contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y su esposa sea quien lidere la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien debiera supervisar la reparación del daño y no lo ha hecho.

“¿Qué clase de servidores tenemos? Ruego al jefe del Ejecutivo que valore su continuidad, pues son una lacra de la sociedad”, aseveró.

Indicó que entre los presentes está el encargado del expediente, el “seudolicenciado” Uriel, quien ni siquiera le ha notificado de esta causa.

Entrevistado posteriormente, dijo saber extraoficialmente que existe un proyecto de resolución, con elementos suficientes, para cesar a estas personas, pero no ha procedido.
“Estas personas no deben estar en la administración pública. Debo reconocer la labor del fiscal, pero esta gente viene a entorpecerla”, reclamó.

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