En esto coincidió Antonio Elías Prado Laguardia, subsecretario de gobierno en la entidad, quien dijo que dicha norma debe ser atendida por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, responsables directos para verificar las solicitudes que los presos llegaran a presentar en busca de su liberación anticipada.

Agregó que aún se está trabajando en el proceso para convocar a las tres instancias involucradas, a fin de formar una comisión de reglamento y una dirección que se dedique a recibir las solicitudes que se someterán a escrutinio y juicio. 

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“La ley manda unos pasos y hay que atender cada punto, y en eso estamos trabajando”, aseguró. Prado Laguardia precisó que esta ley, que busca liberar a quienes hayan sido sentenciados sin un debido proceso, aún no tiene fecha aproximada para aplicarse, aunque, dijo, “se estará informando oportunamente cuando se finalicen los preparativos”. 

Dicha ley, cabe mencionar, fue aprobada el 14 de diciembre pasado para aplicarse en Quintana Roo; en tanto a nivel nacional, esta fue avalada por el Congreso de la Unión desde el 2020, beneficiando hasta la fecha a 76 personas.