Playa del Carmen, Q. Roo.- Financiado por la mafia que no quiere perder sus privilegios a costa del medio ambiente, Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Anpec, inició una campaña negra para manipular, chantajear e impedir que se aplique la ley antiplásticos en Quintana Roo.
El líder de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), quien a finales de 2021 demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador en un amparo contra la Ley de Economía Circular, que también busca eliminar los plásticos de un solo uso, emprendió desde enero una costosa campaña en redes para manipular y chantajear con falsa información sobre la ley en Quintana Roo.
Su campaña negra inició después de que el 12 de enero fueran publicados en el Periódico Oficial los dos reglamentos que norman la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo.
Rivera Rodríguez escandaliza ahora e “invita” al gobierno estatal a “discutir” esta ley, presentada como iniciativa el 21 de enero de 2019 y aprobada por el Congreso local el 18 de junio de ese año, lapso en el que tuvo la oportunidad de haber participado con su gremio en la discusión legislativa.
A comerciantes y consumidores, Rivera Rodríguez intenta manipular con un discurso alarmista e incendiario. Dice que esta ley fomentará “un mercado negro, una turbulencia comercial que obligará a miles de pequeños negocios a cerrar por no tener qué vender, lo cual provocará desabasto, especulación, incertidumbre y mayor pobreza entre la población”.
En realidad, fuera de esa campaña negra financiada por productores y proveedores de plásticos, los reglamentos de la ley contemplan la eliminación gradual, no inmediata, de los plásticos de un solo uso.
Para eso se establece un calendario de disminución anual de plásticos, empezando el primer año con un 10% en el porcentaje de sustitución, 30% en la recuperación de productos desechables y, posteriormente, para el segundo año, 20% en sustitución y 40% en recuperación de productos desechables.
En los años subsecuentes las empresas plantearán sus metas de sustitución y recuperación de un mínimo del 10%.
Es una transición y no una fecha fatídica como la hace ver Riviera Rodríguez en su campaña de golpeteo.
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Además, esta reglamentación es la primera a nivel nacional enfocada a la responsabilidad extendida de los productores, envasadores, comercializadores, importadores, exportadores y/o distribuidores de los productos que al desecharse se convertirán en residuos de competencia estatal.
Busca, en primera instancia, la prevención, reutilización, reciclado, valorización, tratamiento y reincorporación de los residuos a la cadena de aprovechamiento, así como las disposiciones para la operatividad y funcionamiento de la responsabilidad extendida y los instrumentos normativos para el cumplimiento de la misma.
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