“No es congruente que paguemos dos millones para realizar un reglamento que se puede hacer dentro del instituto con el área de Jurídico y de Planeación”, opinó Alma Alvarado, actual directora del IQJ.

La funcionaria aclaro que, aunque la aplicación de los dos millones de pesos que costó la contratación del mencionado servicio está legalmente fundamentada, ese dinero pudo haberse destinado para otras acciones.

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En ese sentido, adelantó que están en espera de concluir con la elaboración del acta correspondiente por este hecho, dentro del proceso de entrega-recepción, para su entrega a la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) y a su vez se puedan tomar cartas en el asunto.

“Nosotros no hemos notificado ninguna irregularidad, estamos entregando todavía el acta de entrega-recepción, en donde estamos ahí observando las irregularidades, dentro de esa acta viene todo lo que nosotros observamos que creemos que es algo que es in señalamiento, una irregularidad y que se pretende que con el acta se nos solucione, se nos diga”, finalizó.

Cabe destacar que una petición de transparencia en 2019 mostró que Fernando Méndez Santiago tenía un salario de 7 mil 927 pesos, pero además recibía una “compensación por servicios” de 235 mil pesos, un apoyo de vivienda de 35 mil pesos mensuales, una compensación de 25 mil pesos y 3 mil pesos mensuales en vales de despensa.