Diputadas locales de los partidos de oposición a la 4T proponen una reforma para que se pueda contar en Quintana Roo con una ley que sanciones de forma más severa a funcionarios que ejerzan algún tipo de violencia contra la mujer.
Se trata de las legisladoras Cinthya Millán Estrella, del PAN; “Candy” Ayuso Achach, del PRI; y Maritza Basurto Basurto, de Movimiento Ciudadano, quienes, presentaron un paquete de reformas para la implementación de la “Ley 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer” que castigue de forma más severa a los infractores.
Por su parte, la diputada panista explicó que aunque ya presentaron propuestas sobre el tema, lo que ellas proponen incluye algunos temas que se habían quedado fuera.
“Fuimos más allá al limitar el acceso a todos los cargos públicos, y no sólo a los de elección popular, para las personas que hayan cometido violencia vicaria, de género, sexual o sean deudores alimentarios, pues hasta ahora se han limitado a restringirlos a los cargos de elección popular, magistraturas o titulares de los principales organismos públicos”, señaló Cinthya Millán.
Mientras que para la priista Candelaria Ayuso Achach, hay que impulsar esta iniciativa ya que “el derecho de dar y el derecho de recibir alimentos es de interés público y debemos garantizar que ya no se fomente la morosidad”.
La diputada del PRI apuntó que la iniciativa busca mejorar el servicio público en Quintana Roo. Y es que en su opinión “un deudor, violentador y acosador difícilmente será un buen servidor público”.
Con la propuesta, ningún funcionario podrá ejercer si ha sido sentenciado por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, como sexual o vicaria. Y hasta ahora, eso no se había propuesto, puntualizó la diputada Maritza Bazurto, de Movimiento Ciudadano.
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Para que esta propuesta se logre consolidar se deben hacer cambios en las siguientes leyes: la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública; la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como al Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
De esta manera, estas diputadas locales de PAN, PRI y MC buscan combatir la violencia de género entre los funcionarios y servidores públicos.
