La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal una audiencia para imputar al hijo del senador morenista José Luis Pech Varguez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Quintana Roo, por una contratación ilegal que facilitó un desvío de 20 millones de pesos, en el caso de la Estafa Maestra.

El expediente fue judicializado en la Ciudad de México contra José Luis Pech Galera, ex Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), y José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu.

De acuerdo con la investigación, de los 20 millones pagados por la Sedatu a la UPQR, ésta usó 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, en la que Pech Galera era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta bancaria.

Con ese dinero, la compañía representada por el entonces Rector adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto, hizo transferencias a distintas empresas.

Los ex funcionarios serán imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, el cual no tiene prevista la prisión preventiva de oficio.

Los hechos que les imputan están relacionados con un convenio general del 29 de septiembre de 2015 para que la UPQR elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Sedatu y sus órganos desconcentrados.

Dicho acuerdo dio lugar a un convenio específico suscrito el 5 de octubre del mismo año, por el que la secretaría transfirió 20 millones 100 mil pesos a la universidad.

Según la justificación, este convenio favorecería la planeación y coordinación de acciones entre ambas instituciones, para “contribuir al aprovechamiento del potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y desarrollo agrario”.

Este es uno de los dos convenios generales que revisó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2016 entre la Sedatu y la UPQR. En el segundo, se pagó a la universidad 77 millones 157 mil pesos. En total, la casa de estudios recibió 97 millones 268 mil 290 pesos de la Sedatu, entre el 31 de mayo y el 11 de agosto de 2016.

La Auditoría Superior de la Federación denunció que la administración de Pech en la UPQR manifestó falsamente tener la capacidad técnica y humana para atender el contrato.

La realidad fue que subcontrató el 100 por ciento de los servicios con 8 empresas, una ilegalidad aparente si se considera que la Ley de Adquisiciones sólo permite subcontratar el 49 por ciento del total.

La compañías son Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular; Comercializadora DW Prisma; Infotecnick; AM Sistemas Informáticos, Competencias y Habilidades para el Trabajo, Asociación Civil; Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, Custom Performance y Integración Documental.

Otra aparente ilegalidad observada desde la auditoría es que cinco de las ocho empresas eran probables “factureras”, pues no fueron localizadas en los domicilios que presentaron a la UPQROO y tres no entregaron la totalidad de la información solicitada por la ASF.

Las empresas, además, pulverizaron los depósitos mediante transferencias a otras cuentas, poco después de la recepción de los recursos.

Una de ellas es precisamente la empresa que representaba legalmente el entonces rector y que se vio favorecida con las subcontrataciones.

Según la ASF y la FGR, la Universidad asignó a Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular un total de 6 millones 873 mil pesos y transfirió a seis empresas 6 millones 540 mil de pesos.

En la concesionaria Mazda Cancún, la empresa compró los cuatro vehículos mencionados por un millón 559 mil 800 pesos; depositó 1 millón 770 mil pesos a Hakken Enterprise; un millón 352 mil pesos a Jjad Servicios Administrativos, S.C.; un millón 71 mil 100 pesos a Ballum Logistica y Servicios Empresarial; transfirió 4580 mil pesos a E y R Consultoría, S.C. y pagó 207 mil 100 pesos a Consultores de Quintana Roo, S.C.

El 6 de noviembre de 2017, la ASF levantó un acta para hacer constar que cuando lo interrogó sobre los depósitos de la universidad en la que era rector a una empresa que representaba, Pech Galera se limitó a manifestar “no recuerdo”.”Era la única persona que tenía la facultad del manejo de los recursos depositados en la misma, lo que deja ver que la empresa en mención tuvo una ventaja competitiva injusta, dado que los servidores públicos mencionados contaban con un interés secundario de tipo personal o económico, respecto de la empresa que se favoreció con los recursos público”, señaló la ASF.

(Con información de Reforma)

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