A pesar de la actual crisis económica a causa de la pandemia del COVID-19, la senadora Marybel Villegas Canché pretende que el congreso le asigne millones de pesos al Instituto Electoral de Quintana Roo, para la realización de una absurda e innecesaria consulta popular sobre Aguakan, que como lo ha señalado incluso su propio partido, es únicamente una excusa para promover su imagen personal, rumbo a las elecciones.

El partido al que dice pertenecer Marybel Villegas, Morena, no solo es gobierno a nivel federal, sino que tiene actualmente mayoría en el Congreso del Estado, además de ser gobierno en dos de los municipios donde tiene convenio Aguakan. De tener mérito las acusaciones que lanza esta senadora contra la concesionaria, tiene todos los canales disponibles a su disposición para proceder.

En lugar de ello, prefiere malgastar el dinero de nuestros impuestos en la impresión de decenas de miles de boletas, urnas, escrutadores, y toda la labor organizativa que hará el Ieqroo y que cobrará “a precio de oro”, como generalmente hace este instituto con su labor electoral.

Al ser presentada esta solicitud de consulta popular ante el Ieqroo, todos los representantes de partido, incluido Morena y sus aliados del Verde y el PT, abandonaron la sala en protesta, al tratarse, según sus propias palabras, de una “simulación”, para que esta senadora promueva su imagen política, únicamente.

Esto queda en evidencia al ver los múltiples comunicados y las ruedas de prensa que ha convocado para repetir este mismo tema, mismo que además incluyó como el principal en su informe legislativo de labores, la semana pasada.

Ahora, para colmo, añade al gasto público que implica esta consulta, otro gasto, de origen desconocido, al colocar diversos anuncios espectaculares jactándose de esta consulta, cuidando no poner su nombre, pero sí el de una página web, cuyas redes sociales publican sus fotos casi de forma diaria.

Lo más triste de este asunto es toda la gente que es embaucada por Marybel Villegas, creyendo que esta consulta tendrá efectos reales, cuando únicamente ordenaría a las instancias gubernamentales a iniciar un proceso que ya se llevó a cabo en Solidaridad, y que actualmente está en litigio. De hecho, de haber querido la senadora realmente acabar con la concesión, tendría que auxiliar en tribunales. Desde luego, como allí no puede promover su imagen, no es de su verdadero interés.

Al ser una consulta inútil, además de tendenciosa, ya existe una impugnación en su contra ante el Tribunal Electoral. Si prevalece la razón, los quintanarroenses todavía nos podríamos ahorrar estos millones de pesos que mejor estarían destinados a recuperación económica, promoción turística o acciones sociales.