Niega magistrada que nombramiento de hermana sea nepotismo

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Chetumal.- Alicia Catalina Valencia Díaz, hermana de la titular del Tribunal de Justicia Administrativa, fue nombrada como directora de la Unidad de Salud y Bienestar Laboral del Poder Judicial, sin embargo, la magistrada niega que sea un caso de nepotismo.

En entrevista, Mónica Valencia Díaz, titular del Tribunal Administrativo se negó a decir si el nombramiento de su consanguínea en esa dirección fue una coincidencia o un pago de favores, como se ha señalado en algunas notas periodísticas.

Menciona que ella no ha estado inmiscuida en los nombramientos, pues “el Poder Judicial es el que toma sus propias determinaciones sobre a quién contrata o no, y ellos tendrían que responder los cuestionamientos sobre el caso; no me corresponde a mí”.

“Cuestionamos y trabajamos para generar más transparencia”, indicó, para añadir que “habrá personas interesadas en poner en tela de juicio nuestro trabajo”.

El nombramiento ha recibido críticas, pues se dice que su hermana no cuenta con la experiencia para fungir como directora, además que pareciera que el puesto fue creado ex profeso para ella como un pago de favores, debido a que la ahora presidenta del Tribunal Administrativo fungió como parte del Poder Judicial en tiempos de Fidel Villanueva Rivero.

Cabe recordar que el Tribunal Administrativo, creado a inicios de año, nació en medio de la polémica, pues uno de sus integrantes, Fernando Gama Rodríguez, presuntamente engañó al Congreso del Estado sobre su residencia. Incluso, la diputada Mayuli Martínez Simón instó a la ciudadanía a que se le cuestione al respecto, luego de descubrir que trabajó en Estado de México hasta 2015, algo que omitió de su curriculum vitae.

MÁS DE 100 CASOS EN Q. ROO
El Tribunal de Justicia Administrativa lleva hasta el momento más de 100 asuntos radicados en todo el estado, si bien requiere de espacios más dignos para realizar su labor, señaló la magistrada presidente al hacer un balance de la gestión.

“Se han recibido demandas de juicios contenciosos administrativos, se han impugnado clausuras, cobro de algún derecho para construcción, operatividad de espacios publicitarios, además de temas nuevos como la responsabilidad de los servidores públicos que hayan concurrido en actos graves sancionables”, acota Valencia Díaz.

Hasta este momento se han señalado a los órganos del poder ejecutivo, básicamente algunos asuntos de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), aunque no son temas que sean muy graves, considera la funcionaria. Otro tema que ha sido constante es el rechazo a impuestos municipales en Benito Juárez, Othón P. Blanco y Cozumel.

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La magistrada espera que por ahí de julio se emita la primera sentencia de este Tribunal Administrativo.

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