Se informó que dos magistrados que fueron electos en la elección del Poder Judicial Federal del 1 de junio, votaron por revocar la suspensión que protegía el derecho a un medio ambiente sano en la Laguna de Bacalar donde la Secretaría de la Defensa Nacional construye una casa de descanso sin haber presentado la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, previo al inicio de las obras.
La revocación se votó y aprobó en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún compuesto por los magistrados Teddy Abraham Torres López, Aaron Alberto Pereira Lizama y la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos.
Durante la sesión, fueron la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos y el magistrado Aaron Alberto Pereira Lizama, ambos electos en la elección del Poder Judicial, quienes votaron a favor de esta revocación que benefici al proyecto que la Sedena edifica en Bacalar y que ha sido criticado por los ciudadanos de dicho municipio.
El único que votó en contra de esta decisión fue el magistrado Teddy Abraham Torres López quien en su currículum muestra un historial en carrera judicial con capacitaciones, cursos y herramientas que ha tomado en esta materia.
El magistrado Torres López estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, de 1995 a 2000, y cuenta con un doctorado en Derechos Humanos, en la Universidad del Sur.
Por su parte, José Mario de la Garza, quien es un abogado especialista en litigio estratégico en Proyecto de Justicia Común (Projuc), una iniciativa ciudadana y juvenil de justicia en México, evidenció en su cuenta en X, antes Twitter, las consecuencias del nuevo Poder Judicial de la Federación ante el caso de la Laguna de Bacalar.
“Un tribunal que ya no garantiza imparcialidad, que se inclina abiertamente a favor de la Sedena y en contra de la Constitución, incluso desconociendo criterios firmes de la Suprema Corte”, escribió.
PRESUNTO DAÑO AMBIENTAL
La suspensión emitida por un juez a la casa de descanso de la Sedena en Bacalar se otorgó luego de que la iniciativa Projuc y la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentaron un juicio de amparo para proteger el ecosistema kárstico, frágil y único de la Laguna de Bacalar ante la construcción irregular a cargo de la Sedena para una supuesta “casa de descanso” militar.
La suspensión fue otorgada por orden de un juez porque la obra tenía irregularidades ambientales serias. El abogado señaló que revocar esta suspensión alegando “falta de interés legítimo” para conseguir esta medida cautelar es una interpretación regresiva y jurídicamente insostenible.
También recordó que, incluso, la Suprema Corte ha establecido que en materia ambiental debe flexibilizarse el acceso al amparo para garantizar la protección de los ecosistemas y la participación de la ciudadanía.
“Presentaron y obtuvieron de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una extensión de la MIA, porque solamente eran obras de remodelación, lo cual es totalmente falso”, declaró.
El abogado explicó que tras presentar esta demanda consiguieron que el juez Primero de Distrito en Quintana Roo, con sede en Chetumal, les concediera una suspensión, primero provisional y luego definitiva, para que la Sedena y las autoridades se abstuvieran totalmente de seguir con la construcción de la casa de descanso.
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Esta suspensión definitiva fue concedida por un juez de distrito que tuvo que salir por la reforma judicial. Sin embargo, antes de que entraran los nuevos juzgadores, el juzgador de distrito otorgó la suspensión definitiva y, con ella, ordenó de oficio la elaboración de diversas pruebas periciales en materia ambiental para tener acreditado el daño ambiental en la Laguna de Bacalar.
“Conforme a criterios firmes de la Suprema Corte, el juez tomó esta determinación de oficio y requirió el nombramiento de un perito oficial; actos que pocas veces se ven dentro del Poder Judicial y es tomarse muy en cuenta la defensa y garantía a un medio ambiente sano”, señaló.
Pese a las suspensiones concedidas a la asociación DMAS y Projuc, el abogado comentó que la Sedena realizó intentos fallidos para revocar la suspensión al presentar un incidente de revocación de la suspensión, el cual perdió porque no tenía una base jurídica.
Con oinformación de Animal Político.
