PLAYA DEL CARMEN, MX.- El ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien inició una huelga de hambre desde el pasado viernes en protesta por las “condiciones infrahumanas” en las que se encuentra en la sede de la Policía Nacional de Panamá, durante su mandato recibió algunas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisamente por la reclusión irregular y autogobiernos o cogobiernos.

Así eran los Centros de Reclusión en el gobierno de Borge

Como en su momento expuso Quinta Fuerza, el 19 de octubre de 2016, la CNDH en su Recomendación General número 28, sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana, señaló a Quintana Roo por tener en cuatro de estos centros a personas “privadas de su derecho a la reinserción social dado que estos establecimientos no cuentan con los medios previstos en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional para lograr este fin y procurar que la persona sentenciada no vuelva a delinquir”.

A la letra, el anterior refiere: Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

Asimismo, en la Recomendación General número 30/2017 emitida en mayo del 2017 sobre las Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, la CNDH citó la recomendación  M-03/2016 enviada al gobierno de Roberto Borge.

En ésta, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, acotó en relación a las condiciones de autogobierno/cogobierno, existente en los Centros de readaptación social (CERESOS), donde “se detectó la presencia de grupos de internos con poder, los cuales ejercen control sobre otros reclusos y diversas actividades como las de tipo laboral y recreativo, reparto de alimentos, asignación de tareas de limpieza de áreas comunes, administración de tiendas de abarrotes y otros negocios de venta de alimentos, así como la existencia de cobros por concepto de protección, asignación de plancha para dormir, pase de lista, mantenimiento de dormitorios, no realizar tareas de limpieza y uso del teléfono, además, en algunos casos los internos controlan las llaves de acceso a las estancias y se observó la existencia de áreas de privilegios”.

También violó los derechos de las reclusas

Asimismo, en el 2015, en el “Informe Especial de esta Comisión Nacional sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana”, el gobierno borgista fue señalado porque  “… se tuvo conocimiento de internas que ejercen control sobre otras, así como la realización de alguna o varias actividades propias de la autoridad, tales como la asignación de estancias, la vigilancia, mantenimiento del orden, la aplicación de sanciones disciplinarias, la distribución de los alimentos, las tareas de limpieza, la organización de actividades laborales, educativas o deportivas; el acceso al servicio médico, la visita familiar e íntima, así como el uso de teléfonos públicos, entre otros”.

Además, “se presentan irregularidades en la aplicación de los correctivos disciplinarios; específicamente, existen casos en los que las sanciones no son impuestas por la autoridad
competente, sino por personal de seguridad y custodia e incluso por internas que conforman el autogobierno; no se respeta el derecho de audiencia o no se notifica la sanción impuesta”.

Y no sólo esto, de acuerdo con la Recomendación General 18 “Sobre la situación de los derechos humanos de los Internos en los centros penitenciarios de la República Mexicana”, “el 34% del personal de seguridad y custodia no ha recibido capacitación en los últimos 12 meses sobre temas como uso racional de la fuerza, manejo de conflictos, técnicas y tácticas penitenciarias, como debe ocurrir para dar cabal
cumplimiento a las obligaciones que se señalan en los diversos reglamentos que rigen el funcionamiento de los reclusorios”.

Desde el 2014, según el punto 55 de la Recomendación General número 30/2017, se advirtió que 72 centros de reclusión entre los que se encontraban los de Quintana Roo, había un sobrepoblamiento “denotándose que este factor incide como principal causa de la ingobernabilidad”.

En el punto 65 de la misma Recomendación, la CNDH mnaifestó: “es inaceptable desde todo punto de vista que exista un buen número de prisiones en el país con condiciones de autogobierno/cogobierno, presentándose
la gobernabilidad del centro debilitada, situación que se ha reflejado en muchos casos en los últimos cinco años”.

Lo anterior señalando que desde el 2011 al 2015, los Centros Sociales de Reinserción de Cancún y Chetumal, presentaban autogobieros/cogobiernos; mientras que el de Solidaridad lo presentó únicamente en los años  2013 y 2015.

70. El problema de la ingobernabilidad radica en la falta de acciones tendentes a evitar casos violentos como motines, evasiones, homicidios, riñas y extorsiones, tal como ha ocurrido y documentado en los centros penitenciarios de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta en Nuevo León, Ciudad Victoria en Tamaulipas, Culiacán en Sinaloa, Cancún en Quintana Roo, Matías Romero en Oaxaca y en la Ciudad de México, entre otros, por lo que hacen falta políticas públicas eficaces que prevengan y nulifiquen dichos riesgos ya señalados y documentados por los organismos protectores de derechos humanos a nivel nacional e internacional”. Remata la Recomendación de la CNDH.

De todas estas irregularidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo seis recomendaciones a Roberto Borge y a otras entidades federativas, así como a la propia Federación.

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Entre ellas, incrementar la plantilla del personal de seguridad y custodia en los centros de reclusión que cuenten con un número inferior al necesario y, de manera prioritaria, con los que se conducen bajo condiciones de autogobierno/cogobierno, de conformidad con los perfiles específicos del personal penitenciario; e identificar a los servidores públicos que indebidamente propician o
facilitan las condiciones de autogobierno y/o cogobierno y proceder contra ellos administrativa y en su caso, penalmente.

En el caso de Roberto Borge, hasta la conclusión de su periodo de gobierno, jamás presentó un informe en el que diera cuenta de haber cumplido tales recomendaciones.