Un sujeto de Quintana Roo que no ha cumplido con su responsabilidad ha sido sentenciado a tres años de cárcel por ser un deudor alimentario en la localidad de José María Morelos, en la zona maya de la entidad.
Por su participación en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de sus dos hijos menores de edad, un masculino fue sentenciado a tres años de prisión, luego de que el juez analizara todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
El ahora sentenciado es identificado como Marco Adriano Vázquez Calderón, declarado culpable luego de que fue comprobado que dejó de pagar la pensión alimentaria de los menores de edad desde la primera quincena de enero de 2021 hasta la presente fecha.
En audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, expuso ante el juez de control los medios de convicción que acreditaron la comisión del ilícito y la participación del señalado en el mismo.
Tras el desahogo de pruebas, la Fiscalía General del Estado consiguió que la autoridad judicial dictara una sentencia condenatoria de tres años de prisión en contra de Marco Adriano Vázquez Calderón, además que deberá pagar la cantidad de 261 mil 235 pesos por concepto de reparación del daño material, y 10 mil pesos por daño moral.
DEUDORES ALIMENTARIOS EN QUINTANA ROO
En Quintana Roo, como en el resto de México, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos es una herramienta para identificar y registrar a personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Para obtener un certificado que demuestre que no se es deudor alimentario, o para consultar si alguien figura en el REDAM, se puede acceder a la plataforma en línea.
La consecuencias para los deudores alimentarios son: No poder ser candidato a cargos de elección popular, no ser nombrado para empleo, cargo o comisión del servicio público, limitaciones en la obtención de licencias de conducir y pasaportes, restricciones en trámites ante notario público, como compraventa de bienes inmuebles, posibles sanciones legales, como la imposibilidad de acceder a ciertos beneficios o programas sociales.
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Sin duda que después de mucho tiempo, se empiezan a notar las consecuencias para todos aquellos que no cumplen sus obligaciones como padres de familia en el estado de Quintana Roo. En este caso hay un sujrtoi sentenciado a tres años de prisióm.
