Una fuerte polémica se desató en el puerto de Progreso, Yucatán, luego de que vecinos denunciaran que durante la madrugada de este martes fueron colocados contenedores metálicos que bloquearon el acceso directo a la playa.
El hecho ocurrió en la calle 40 por 71, donde residentes de la zona se sorprendieron al despertar y encontrar cuatro grandes estructuras metálicas (dos a cada lado de la calle) obstruyendo completamente el paso hacia la costa.
De acuerdo con varios testimonios, los contenedores fueron colocados alrededor de las cuatro de la mañana, de manera sorpresiva y sin previo aviso a la comunidad, lo que generó confusión y molestia inmediata entre los colonos.
Tras recibir el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Progreso, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal del Ayuntamiento, quienes procedieron a clausurar el sitio y colocar sellos oficiales de suspensión.
Minutos más tarde se activó un operativo para retirar los contenedores con apoyo de una grúa, devolviendo temporalmente el paso libre hacia la playa.
El Ayuntamiento de Progreso informó que, a través de la Dirección de Ecología, se abrió una investigación para determinar quién o quiénes fueron responsables del bloqueo, ya que representa una violación al derecho de libre tránsito en zonas públicas.
Tras el retiro de los obstáculos, un individuo que se identificó como propietario de uno de los predios colindantes con la vía aseguró que la calle le pertenecía, ya que presuntamente fue cedida durante una administración municipal anterior, encabezada por Julián Zacarías Curi.
Sin embargo, el hombre no presentó ningún documento oficial que acreditara legalmente la propiedad del tramo vial, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de su afirmación.
Este intento de impedir el acceso libre al mar provocó indignación entre los vecinos, quienes recordaron que, de acuerdo con la legislación mexicana, todas las playas del país son públicas y de libre acceso para los ciudadanos.
Organizaciones locales y habitantes exigen que se garantice el respeto al uso común de las playas y se eviten futuras acciones similares, que buscan privatizar espacios que por ley deben permanecer abiertos al público.
¿Qué dice la ley sobre el acceso a playas en México?
En México, las playas forman parte del patrimonio nacional y, como tal, deben ser de uso público, sin posibilidad de ser privatizadas. La Ley General de Bienes Nacionales establece que estos espacios son de carácter público y que debe garantizarse el libre y gratuito acceso a ellos.
Aunque en la práctica algunos desarrollos turísticos o propiedades privadas han complicado el paso hacia las playas, la legislación obliga a las autoridades a mantener al menos un acceso de 20 metros de ancho hacia la zona federal marítimo terrestre.
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Esta normativa fue aprobada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ha sido respaldada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reiterado que su administración está comprometida a proteger estos espacios para que permanezcan disponibles para toda la ciudadanía.
El conflicto suele surgir cuando constructores o dueños de predios instalan muros, rejas o limitan el acceso mediante vigilancia privada, lo cual va en contra de lo establecido por la ley. Aunque existen penalizaciones para quienes infringen estas disposiciones, la aplicación deficiente de la norma en ciertas regiones ha permitido que algunas playas continúen siendo inaccesibles para el público.
Con información de El Universal Online.
