Revocar una concesión es posible puesto que así lo avala la Constitución. Sin embargo, hacerlo a través de una consulta no está contemplado, por lo que querer hacerlo de esta forma sería inconstitucional, es lo que asegura un experto en temas jurídicos.
“La ley estatal de Quintana Roo en materia de aguas prevé la terminación anticipada o revocación de una concesión del servicio público municipal cuando existe un incumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario del servicio. En otras palabras, no está previsto expresamente esa terminación anticipada o revocación como consecuencia de una consulta popular”, señaló el abogado Héctor Herrera en entrevista radiofónica.
Externó que si bien la consulta puede servir para ciertos fines, como lo es conocer la opinión de la ciudadanía, no sería reconocida por la ley para terminar con una concesión.
“Puede servir para efectos estadísticos, para conocer el sentir de la población, pero jurídicamente no sería vinculatoria y por tanto en mi opinión la revocación de una concesión con base en una consulta de este tipo y en este caso en particular sería ilegal y sería inconstitucional y por lo tanto impugnable en tribunales”, indicó.
“Las leyes establecen las reglas del juego. Le pido a un particular, en este caso asumir los costos de inversión que implica la prestación de un servicio, se le impusieron obligaciones, se le impusieron tarifas y debe haber garantías para la inversión”, agregó.
CONFLICTO LEGAL
Dijo que si bien las autoridades pueden intentar terminar con la consulta habría varios problemas más allá de los legales. Por ejemplo, esto implicaría fuertes gastos para los gobiernos.
“¿Realmente el municipio estaría dispuesto a asumir los costos económicos de las fuertes inversiones que se requieren para el movimiento de agua de una ciudad grande y municipios aledaños? ¿De veras tiene la capacidad técnica y los recursos económicos para construir la infraestructura que falta, mantener la que tiene y lo más importante, rendir cuentas a los consumidores?”, cuestionó.
El experto también agregó que además al terminar la concesión no hay garantía de que los recibos vayan a bajar, puesto que son las mismas autoridades las que imponen las tarifas, no las concesionarias.
PROPÓSITOS POLÍTICOS
Opinó que esta consulta tiene más que nada fines político-electorales, más que una preocupación por el servicio de agua potable.
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“La consulta tiene un propósito político. Estamos en tiempos electorales en algunas entidades federativas y creo que este tipo de acciones de algunos gobiernos tienen propósitos electorales y políticos más que una legítima preocupación por el servicio del agua”, expuso el doctor Héctor Herrera.
En resumen, para este abogado la consulta tiene tintes políticos, sería inconstitucional y sus resultados podrían servir para conocer la opinión ciudadana pero no tendrían validez jurídica para revocar una concesión.
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