Tulum.- Una década después de ser despedida por Roberto Palazuelos Badeux, dueño del hotel “Diamante K”, Albina Amador Manrique todavía sigue siendo víctima de las influencias del también actor sobre el poder judicial y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ya cuenta con un laudo firme, que la autoridad se niega a ejecutar, y al acudir hoy a estas oficinas, fue engañada, al serle mostrado otro expediente por el personal del lugar.
Albina Amador Manrique era la gerente del hotel “Diamante K” hasta 2011, cuando fue despedida, supuestamente por haber atestiguado ella el vertido del agua del desagüé directamente en el subsuelo. Al serle negada su liquidación, ella acudió a interponer una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero en represalia, Palazuelos Badeux la denunció por intento de extorsión, por lo que pasó casi dos años en la cárcel.
Entrevistada hoy afuera de las oficinas de la Secretaría del Trabajo, la ex gerente dijo que después de recuperar su libertad, continuó con su litigio laboral y aunque dos veces las autoridades locales le negaron el laudo, finalmente ante el Tribunal Colegiado obtuvo un fallo favorable.
Eso fue en 2017, y pese a que este laudo ya quedó en firme, pues no hubo ningún amparo u otro recurso, ella todavía no ha recibido su pago, simplemente por que la Junta se niega a ejecutarlo.
“Hay una hoja de ejecutoria de laudo, pero no la quieren hacer. Ya quedó en firme, pero se niegan”, comentó. “La secretaria del Trabajo, Catalina Portillo Navarro, conoce bien el expediente, pero está inmiscuida”.
La ex trabajadora señaló que la actitud hostil en esta dependencia es evidente, al grado que casi los sacan a la fuerza, a ella y a su abogado, por querer tomar fotos de los archivos.
El abogado, Germán Felipe Ramírez Villegas, dijo que tuvo que viajar desde Playa del Carmen, porque su cliente acudió hoy a revisar la respuesta a una solicitud (para la ejecutoria del laudo), y le mostraron otro acuerdo, de hace varios años, de manera dolosa. Él tuvo que venir a revisar y comprobar el engaño perpetrado por la Junta.
Para Ramírez Villegas, la Junta no solamente actuaron de una manera poco ética, sino que violentó la Constitución, pues las autoridades en sus competencias tienen la obligación de velar por los derechos humanos de sus gobernados.
La solicitud entregada fue resuelta en sentido negativo, lo que dijo es lo que necesitaban para acudir por vía de amparo, ya no para obtener una respuesta, sino que para exigir que cumplan con su trabajo, al acatar lo indicado por el Tribunal.
“Nos ahorramos unos ocho meses de trámite”, afirmó.
