Cancún, Quintana Roo.- Luego de que se diera a conocer que desde que inició el ciclo escolar 2021-2022 el pasado 30 de agosto, se han registrado más de 100 contagios por COVID-19 en la entidad, con corte del 11 de octubre entre docentes, alumnos, personal administrativo y directores, la Senadora del PAN Mayuli Martínez Simón respaldó el emplazamiento de un Juez para que el gobierno federal modifique el Plan Nacional de Vacunación (PNV) y se incluyan las personas de 12 a 17 años en la jornada nacional de vacunación contra la Covid-19.

La Senadora quintanarroense señaló que la decisión de Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de juez se tomó al conceder una suspensión a una menor de edad, pero cuyos efectos son de aplicación general, bajo la premisa de que el derecho humano a la salud es universal, lo que es un acierto ante los alarmantes números de contagios que se han dado en los planteles escolares, no solo entre docentes y personal administrativo, sino también en el alumnado.

Y es que, en su informe, la Secretaría de Educación en Quintana Roo, informó que se tienen 157 casos confirmados de Covid-19 desde que se reanudaron las clases de forma paulatina, de los cuales, 87 son alumnos y 70 son trabajadores de la educación entre maestros, directivos y personal administrativo. De los 87 alumnos, 53 son de educación privada y 34 de escuelas públicas, mientras que, de los 70 colaboradores educativos, 31 corresponden a planteles privados y 39 a instituciones públicas.

Por lo que Mayuli Martínez dijo que, hasta ahora, el gobierno federal y los gobiernos estatales han vacunado solo a aquellos niños y adolescentes con padecimientos graves, quienes han promovido amparos y obtenido suspensiones judiciales. Sin embargo, en Quintana Roo estos amparos fueron negados, por ello la senadora urgió al gobierno federal a realizar la modificación del PNV a la brevedad tal y como lo señaló el Juez.

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Y aseguró que el gobierno federal debe garantizar el derecho humano a las vacunas y para ello es necesario que se extremen las medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos de que disponga” y se logre progresivamente su plena efectividad.

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