Los homicidios dolosos, que en más de 90% son ejecuciones cometidas por el narco con armas traficadas desde Estados Unidos, han disparado los índices de delitos del fuero común en los estados y, por tanto, requieren ser federalizados así como lo fue desde hace una década el delito de secuestro debido a su alta incidencia en el país.
En México el gobierno federal es el encargado de perseguir y sancionar los delitos del orden federal, mientras los gobiernos estatales son responsables de atender los delitos del fuero común.
Los homicidios son delitos del fuero común pero en los últimos años, debido a la pugna por territorios y ajustes de cuentas entre grupos criminales, el número de ejecuciones se disparó en los estados del país; en Quintana Roo, por ejemplo, 9 de cada 10 asesinatos son perpetrados por células del narcotráfico y, en la misma proporción, con armas cada vez más sofisticadas e introducidas ilegalmente por la frontera de Estados Unidos.
El vínculo de estos crímenes con el narcotráfico y el tráfico de armas, dos delitos del fuero federal, obligan al gobierno mexicano no sólo a reforzar la presencia de fuerzas federales en las entidades más violentadas por los narcotraficantes, sino a revisar y eventualmente reformar el marco jurídico para la investigación, persecución y sanción de los homicidios dolosos que por su alta incidencia se han convertido en el principal indicador de violencia en el país.
El delito de secuestro es un ejemplo, después de que su regulación fue modificada ante la alta incidencia que reportó en la última década en los estados del país. La fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política se reformó, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2009, para que se lograra la federalización de este delito que finalmente quedó bajo el orden jurídico del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y La Ley General de Víctimas.
