La esposa del hijo mayor publicó documentos donde probó que la casa fue rentada por ella, y los pagos se hicieron desde su cuenta bancaria
Luego de los señalamientos por un conflicto de interés entre Carolyn Adams, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, y el gobierno de la Cuarta Transformación, más pruebas salieron a la luz.
Ahora por parte de la parte expuesta, pues a través del diario La Jornada se dieron a conocer los documentos que probarían que el contrato fue firmado por la empresaria, y que el dinero para cada de los pagos se hizo desde su cuenta de banco personal.
A través de sus redes sociales oficiales, Carolyn Adams aclaró cada una de las fotografías que fueron compartidas por medios de comunicación y dejó clara su participación en la firma del contrato de la casa que habita con López Beltrán.
“Daré detalles sobre algunos aspectos del montaje que se orquestó con dolo y mala fe, para perjudicar a nuestra familia”, adelantó la empresaria.
Sobre el contrato de arrendamiento, subrayó que fue acordado el día 16 de agosto del año 2020, con fecha límite al 31 de julio de 2020, mismo que fue acordado por los dueños de la casa y ella misma; el contrato, mostró, fue firmada de manera electrónica el 11 de julio de 2019.
En cuanto al pago para sus arrendatarios, informó que fue el 8 de julio cuando adelantó un cheque de caja por monto de 5 mil 600 dólares, o un mes de renta.
Sobre el primer pago de la renta, mostró que fue hecho el día 15 de Agosto de 2019, pero ésta no tiene la firma correspondiente, por lo que agregó se trata de solamente una copia que le fue proporcionada por el banco, cuyo original permanece en el banco.
“Por obvias razones no tendría que compartir mi firma en público, cuando ya he compartido de más”, apuntó Adams.
La siguiente aclaración fue sobre el retiro del banco, en el que, dijo, todo salió de su cuenta personal como lo indica el documento publicado. “Y así consecutivamente se dieron los pagos de renta de los siguientes 11 meses hasta que se cumplió el año de arrendamiento acordado”.
Por lo anterior, agregó que tienen todas las pruebas para compartir con las autoridades correspondientes, si fuera el caso de ser objetivos de alguna investigación como las que se han pedido desde la oposición.
Además, consideró que a través de los medios de comunicación se divulgaron falsedades y se invadió la privacidad de su familia para luego, exponerlos “de manera cruel y perversa. También detalló que reporteros ahora han estado buscando a terceros para “involucrarlos de manera tendenciosa”.
Y envió una dura advertencia: “Nos reservamos el derecho de tomar acciones legales contra todos los responsables de esta difamación calumniosa, a todas luces hecha con dolo”.
“Entristece ver que lo que menos les importa es informar y dar con la verdad. Hoy se pudo ver una gran parte de las pruebas para dar por concluido este asunto (…) No somos personas públicas, no hay y ni habrá conflicto de interés. Respeten nuestra privacidad”, concluyó el comunicado.
Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ONG encargada de publicar el reportaje de investigación original junto a LatinUs, confirmó que para pagar este monto de aproximadamente 1 millón 344 mil pesos, debieron comprobar ingresos de por lo menos 4 millones de pesos.
(Con información de InfoBae)
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