La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el congelamiento de cuentas bancarias en México de varias personas y empresas, entre ellas las de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo.
La medida se toma luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a 22 objetivos en su lista de sancionespor presuntos vínculos con la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.
La designación hecha por el gobierno estadounidense abarca a siete personas físicas y 15 empresas que, de acuerdo con la OFAC, habrían facilitado actividades logísticas, financieras y políticas para esta organización criminal. Entre las personas señaladas está la legisladora morenista, quien habría mantenido presuntas conexiones con operadores del grupo delictivo para influir en el gobierno municipal de Playas de Rosarito, Baja California, cuando se desempeñó como alcaldesa.
Mediante un comunicado oficial, la UIF explicó que el bloqueo de cuentas se llevó a cabo siguiendo los mecanismos de cooperación internacional establecidos con el gobierno de Estados Unidos.
La dependencia federal precisó que su intervención se realizó inmediatamente después del anuncio de la OFAC y que la medida es de carácter preventivo, con el fin de evitar la movilización de recursos que puedan estar vinculados a operaciones ilícitas.
La UIF subrayó que este tipo de acciones se enmarcan en los compromisos asumidos por México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado, integrando las listas extranjeras al sistema de control financiero nacional.
Asimismo, señaló que el bloqueo administrativo no constituye una resolución judicial ni implica la determinación de culpabilidad, sino que busca cerrar temporalmente el acceso a los recursos mientras se llevan a cabo análisis financieros y revisiones detalladas de los movimientos y beneficiarios de las cuentas congeladas.
La autoridad también adelantó que revisará de forma minuciosa las operaciones, estructuras corporativas, movimientos transfronterizos y estados de cuenta de las personas y empresas involucradas. Si se detectan indicios de delitos, el caso será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para la apertura de investigaciones correspondientes.
Este tipo de bloqueos impiden que los señalados utilicen servicios financieros en México hasta que exista una resolución judicial, administrativa o una licencia especial que permita desbloquear las cuentas. Las personas afectadas tienen la posibilidad de impugnar la medida mediante recursos legales.
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Por su parte, la OFAC detalló que las sanciones impuestas esta semana buscan desmantelar una red criminal en Playas de Rosarito dedicada al tráfico de drogas sintéticas y al lavado de activos, lo que incluye la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses, así como el riesgo de sanciones para instituciones extranjeras que mantengan relaciones con los involucrados.
En el ámbito nacional, el gobierno mexicano replicó el bloqueo para impedir que los presuntos recursos ilícitos sigan circulando en la economía formal mientras se realizan las investigaciones.
Con información de Aristegui Noticias.
