Una madre y activista acusó que un sujeto que está relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con la desaparición y muerte de uno de sus hijos iba a aparecer en la boleta de la elección del Poder Judicial. Tras sus protestas, el Congreso de San Luis Potosí decidio sacar a este sujeto del listado.
El Congreso de San Luis Potosí se preparaba para perfilar las listas de candidatos a la elección judicial, cuando cortó el auditorio la voz de una mujer. Rosalinda Ávalos, madre de dos hijos asesinados, policía investigadora y ahora activista por obligación.
“Mencionaron a una persona que estuvo involucrada con el cartel y ahora resulta que va directa a la boleta. ¿Cómo lo evaluaron?”, cuestionó.
El sujeto en cuestión es Sabas Santiago Ipiña, a quien la mujer acusa de estar relacionado con el crimen organizado, específicamente el CJNG, y con el homicidio de sus dos hijos en 2020. El expolicía había sido seleccionado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo como candidato al puesto de juez de oralidad penal para los comicios del 1 de junio.
Rosalinda Ávalos se ha convertido en San Luis Potosí en una voz reconocida en la búsqueda de justicia. En 2020, la mujer investigaba al llamado Cártel de la Ministerial, una presunta red de policías ministeriales que trabajaba en colaboración con el crimen organizado.
Dentro de la Fiscalía estatal, la agente había sido asignada a la delegación de La Pila, una de las zonas más conflictivas de la capital San Luis Potosí, donde se habían disparado el robo de vehículos y de asaltos con violencia. Allí durante un rondín de rutina, encontró una camioneta con reporte de robo y tras una breve persecución logró detener a los tripulantes: eran sus propios compañeros de la Fiscalía. A partir de ese momento comenzó la pesadilla.
Ella trató de escalar el caso a sus superiores, sin éxito, y empezó a recibir amenazas. El 11 de noviembre de 2020, tres hombres entraron por la fuerza en su casa, en el municipio Soledad de Graciano Sánchez, al este de la capital. Dentro de la vivienda dispararon contra sus hijos. Murieron Carlos Aguilar, de 20 años, que estudiaba para ser chef, y Daniela, estudiante de arquitectura de 18 años.
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La investigación apunta a que policías ministeriales a bordo de una patrulla indicaron cuál era la casa y otros dos civiles en motocicleta vigilaron mientras se producía el ataque. La Fiscalía estatal, de la misma de la que proceden algunos de los implicados, abrió carpetas de investigación por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Rosalinda, que cuenta con medidas de protección, lleva años pidiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga su caso.
“Por hacer bien mi trabajo, mataron a dos de mis hijos. Sabas Santiago Ipiña participó”, declaró Ávalos en el Congreso, el pasado 12 de febrero: “Él es compadre de uno de los imputados, que está en el penal de Sonora, Miguel ‘N’. Se le han encontrado nexos con la delincuencia”. La agente ha narrado que Ipiña se ha presentado como abogado defensor de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que este grupo organizado patrocina incluso sus equipos de futbol.
La gran pregunta es ¿cuántos más casos así habrá en esta elección?
Con información de Proceso.
