Vinculan a proceso a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, por abuso de autoridad y peculado

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en un caso relacionado con la contratación de una planta de energía fotovoltaica durante su administración.

La decisión fue tomada tras una audiencia celebrada en Mexicali que se prolongó por más de 24 horas, en la que el juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en contra del exgobernador de Baja California.

Como parte de las medidas cautelares, el juez estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, además de imponer el pago de 100 mil pesos. La audiencia continúa para definir otros aspectos relacionados con su situación jurídica.

De acuerdo con la información presentada, el proceso en contra de Jaime Bonilla Valdez se lleva a cabo en calidad de coautor, y se le atribuye haber actuado con dolo en la toma de decisiones vinculadas a este caso.

Los hechos que derivaron en la vinculación están relacionados con la contratación de la empresa Next Energy, durante su periodo como gobernador, con el objetivo de construir una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, en Baja California.

Dicho contrato comprometía a la administración estatal a realizar pagos mensuales por 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años, lo que representaba una carga financiera total de 35 mil millones de pesos.

Este compromiso económico se respaldaba con las aportaciones federales correspondientes a las participaciones que recibe el estado.

Además, se expuso que, pese a que la obra no fue construida, se realizó una inversión estatal inicial de un mil 300 millones de pesos como garantía para el proyecto.

También se mencionó la participación de Banca Firme, institución que realizó una primera quita relacionada con este esquema financiero.

El caso ha generado atención debido a la magnitud de los recursos comprometidos y a las implicaciones legales que enfrenta el exgobernador, quien ocupó el cargo de noviembre de 2019 a octubre de 2021.

Actualmente, además de su trayectoria como exmandatario, Jaime Bonilla Valdez se desempeña como dirigente estatal del Partido del Trabajo, lo que añade un componente político al desarrollo del proceso judicial.

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La vinculación a proceso no implica una sentencia, pero sí marca el inicio formal de una etapa en la que se profundizará la investigación para determinar su posible responsabilidad en los hechos señalados.

Será en los próximos meses cuando las autoridades judiciales definan el rumbo del caso, conforme avance la recopilación de pruebas y el análisis de los elementos presentados por las partes involucradas.

Fuente: La Jornada