La crisis política que atraviesa Bangladesh volvió a estallar tras la condena a muerte dictada contra la ex primera ministra Sheikh Hasina, a quien la justicia responsabiliza de la violenta represión de las protestas estudiantiles de 2024, un operativo que dejó alrededor de mil 400 muertos y ha sido calificado como crimen contra la humanidad.
El fallo, pronunciado por el juez Golam Mortuza Mozumder, estremeció a una nación de más de 170 millones de habitantes que se encamina a elecciones legislativas en medio de un clima de violencia, paros nacionales y restricciones políticas sin precedentes.
En una resolución contundente, el magistrado señaló que “todos los elementos constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos”, para luego rematar con la sentencia final: “Hemos decidido imponerle una sola pena: la pena de muerte”.
Sheikh Hasina, de 78 años, fue juzgada en ausencia, ya que abandonó el país en helicóptero durante las revueltas del verano de 2024 rumbo a India.
El fallo también alcanzó a su ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, quien igualmente se encuentra refugiado en territorio indio.
La reacción del gobierno de Bangladesh fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores exigió a Nueva Delhi la extradición de ambos exfuncionarios, pero la respuesta india se limitó a señalar que “ha tomado nota del veredicto”, sin comprometerse a colaborar.
Sin una definición clara, la posibilidad de ejecutar la sentencia parece remota, pues solo podría ser apelada si Sheikh Hasina, se presenta ante la justicia en los próximos 30 días.
Desde su exilio, la ex mandataria rechazó la resolución judicial y calificó el proceso como “un juicio amañado”, promovido —según ella— por un gobierno interino “no elegido y sin mandato democrático”.
Sheikh Hasina, quien gobernó Bangladesh durante 15 años consecutivos, sostiene que el caso tiene motivaciones políticas y busca impedir su eventual regreso al escenario nacional.
La ONU también reaccionó. Su Oficina de Derechos Humanos calificó el fallo como “un momento importante para las víctimas”, aunque lamentó la imposición de la pena de muerte, a la que se opone en todas las circunstancias.
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La portavoz Ravina Shamdasani instó a Bangladesh a garantizar procesos que cumplan con las normas internacionales y subrayó la necesidad de avanzar hacia un camino de justicia, verdad y reparación.
Con una ex líder condenada, una fuerza política histórica inhabilitada y una ola de protestas en ascenso, Bangladesh encara un panorama electoral incierto y una de las etapas más volátiles desde su independencia en 1971.
Los próximos días serán decisivos para determinar si la tensión se desborda o si el país logra encaminarse hacia una salida institucional.
Fuente: Excélsior
