Casona histórica es demolida en Pesquería, Nuevo León sin permiso del INAH
El INAH podría tomar acciones penales contra el alcalde de Pequería Nuevo León, luego de que demoliera un edificio con valor histórico sin su autorización.
El gobierno local de Pesquería, Nuevo León, se encuentra envuelto en la polémica luego de que se diera a conocer que una casona con valor histórico fuera derribada sin contar con los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), autoridad federal encargadas de la protección del patrimonio cultural.
La demolición habría sido instruida por el alcalde Francisco Esquivel, emanado de Movimiento Ciudadano, sin la autorización del INAH, lo que podría derivar en sanciones administrativas y hasta penales.
El edificio, ubicado en la intersección de las calles Morelos y Porfirio Díaz, en el centro del municipio, estaba considerado dentro del catálogo de bienes con valor cultural, lo que implicaba restricciones legales para cualquier intervención.
Con más de un siglo de antigüedad, la propiedad era conocida por los habitantes como “La Casa de Doña Coquito” y formaba parte de la memoria histórica de la comunidad.
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Para llevar a cabo la demolición, se empleó maquinaria pesada, a pesar de que este tipo de acciones requieren la validación previa del INAH, especialmente cuando se trata de inmuebles protegidos por su relevancia histórica.
Durante los trabajos, el propio edil reconoció el valor simbólico del lugar, al recordar que en su infancia acudía a un pequeño negocio instalado en la casona, donde compraba frituras y bebidas.
Tras lo ocurrido, la delegada del INAH en Nuevo León, Martha Elda Ávalos, exigió una explicación inmediata por lo que calificó como una acción que vulnera tanto la ley como el patrimonio cultural.
A través de un posicionamiento oficial, el Instituto señaló que la demolición representa una pérdida significativa para la identidad del municipio, además de constituir una posible violación a la normativa vigente en materia de conservación histórica.
Asimismo, el INAH informó que se evaluarán las implicaciones legales del caso, las cuales podrían derivar en sanciones administrativas o incluso en responsabilidades penales, al tratarse de un delito de carácter federal que podría ser turnado a la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con testimonios de vecinos, el terreno donde se encontraba la casona podría ser utilizado para la construcción de un estacionamiento o instalaciones administrativas, lo que ha incrementado la inconformidad entre algunos habitantes de la zona.
Cabe mencionar que, demoler, dañar o alterar un monumento arqueológico, artístico o histórico en México es considerado un delito federal que puede atraer penas de prisión de tres a 10 años, más multas económicas desde los mil a tres mil días de salario mínimo o hasta el valor del daño causado.
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