60 mil familias sin certeza jurídica sobre sus predios
Un diagnóstico de la Universidad del Caribe revela que uno de cada tres habitantes de la zona metropolitana de Cancún e Isla Mujeres vive en situación de irregularidad territorial.
Aproximadamente 240 mil personas agrupadas en 60 mil familias de la zona metropolitana de Cancún e Isla Mujeres viven sin certeza jurídica sobre el suelo que habitan. Eso equivale a uno de cada tres residentes de esa área, según un diagnóstico presentado durante la instalación del Comité Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos.
La investigación fue desarrollada por Christine McCoy, profesora investigadora de la Universidad del Caribe (Unicaribe), quien expuso que la irregularidad en Quintana Roo no es un fenómeno reciente, sino un problema de naturaleza estructural con raíces que se remontan a la propia fundación de Cancún en 1970.
Dos tipos de irregularidad y décadas de expansión sin control
El análisis distingue dos dinámicas distintas que con frecuencia se agrupan bajo la misma categoría. La primera involucra a población migrante de bajos ingresos que llegó en busca de vivienda y se asentó sin disponer de otra opción. La segunda corresponde a desarrollos inmobiliarios impulsados por la especulación de fraccionadores y ejidatarios que comercializaron lotes sin servicios ni autorización urbana.
Como muestra de esta segunda dinámica, la investigadora señaló que desde 1986 existen 135 fraccionamientos en el estado que nunca obtuvieron su acta de municipalización.
El problema se agudizó con el crecimiento acelerado de la ciudad: para 2020, Cancún había expandido su superficie 14.5 veces por encima de lo que contemplaban los planes maestros originales, sin que la planeación urbana lograra acompañar ese ritmo.
Riesgos sanitarios, ecológicos y de seguridad en zonas sin ordenamiento
El diagnóstico identifica consecuencias concretas en tres ámbitos. En el sanitario y económico, las familias en estas zonas quedaron desprotegidas durante crisis como la pandemia de COVID-19, además de enfrentar fraudes inmobiliarios —con predios vendidos hasta en dos o tres ocasiones— y sin acceso a crédito formal.
En materia ecológica, solo en 2019 fueron clausurados 11 desarrollos que ocupaban 601 hectáreas y afectaban a más de 48 mil personas. En cuanto a seguridad, la ausencia de presencia policial en estas colonias se ha vinculado con altos índices de violencia, incluyendo una de ellas que encabezó las estadísticas estatales de violencia doméstica en 2021.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), informó que un primer corte preliminar registra 370 asentamientos irregulares en Quintana Roo, cifra que podría duplicarse al concluir una revisión más exhaustiva. El municipio de Benito Juárez concentra la mayor parte con 150 asentamientos, seguido por Isla Mujeres con 91, Othón P. Blanco con 37 y Puerto Morelos con 16.
La investigadora de Unicaribe atribuyó el fracaso de cinco décadas de intentos de regularización no a la falta de leyes, sino a la ausencia de un sistema integrado de información, ya que cada municipio maneja datos distintos y las respuestas han sido reactivas en lugar de preventivas. Como solución, propuso crear un observatorio estatal de asentamientos irregulares, un inventario único con alertas tempranas, investigación aplicada y asesoría técnica permanente a los municipios.
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Fuente: Luces del Siglo
