Cozumel.- El recién destituido líder del sindicato de taxistas “Adolfo López Mateos” de Cozumel, Miguel Alberto Alonso Marrufo podría enfrentar demanda penal por abuso de confianza, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
A pesar de que en Asamblea General del sábado 7 de julio pasado, la mayoría de los socios concesionarios decidieran el cambio, Alonso Marrufo se aferra a las mieles del sindicato de taxistas y busca entorpecer la nueva administración del gremio.
Sin embargo, sus acciones demuestran que está dando patadas de ahogado, al no reconocer actos fraudulentos dentro de su gestión y en complicidad con Eduardo “Wato” Peniche Rodríguez, anterior presidente del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), y ex secretario del sindicato de taxistas de Isla Mujeres.
Ya que, entre los dos se adjudicaron concesiones del sindicato de Cozumel y también del Frente, pues el suegro de Miguel Alonso Marrufo, Miguel Ángel Coral Arellanes, se hizo acreedor de una placa del FUTV, sin ser agremiado de algún sindicato, sin pertenecer a algún cargo y sin haber tocado un volante de chofer en su vida.
Y es que, de acuerdo a la investigación realizada por este medio, Miguel Alberto Alonso Marrufo y Eduardo Peniche Rodríguez se quedaron con dos concesiones de placas de taxis del sindicato “Adolfo López Mateos”, que tienen el número económico 303 y 305, que le pertenecen al FUTV, que ahora dirige Rubén Aguilar Gómez, según documentos en manos de este medio.
De acuerdo al oficio SINTRA/DCT/2855-BIS/2017, con el asunto “transferencia de derechos económico 303 Ruletero, dirigido a Blanca Estela Uch Mezo, recaudadora de rentas del estado en el municipio de Cozumel, reza que “El frente Único de Trabajadores del Volante, representado en el acto por el c. Eduardo Peniche Rodríguez, en su carácter de secretario general del FUTV, afiliado al Sindicato Único de Choferes Taxistas y Similares ‘Lic. Adolfo López Mateos’, sección III del FUTV, registrado en el padrón de socios concesionarios con el número económico 303, placas de circulación del estado de Quintana Roo, transfiere sus derechos de la concesión a favor del c. Miguel Ángel Coral Arellanes, con igual número económico, para el servicio público de transporte de pasajeros, en la modalidad de servicio público de automóviles de alquiler, para el servicio de taxi ruletero en unidad tipo sedán, con lugar de operación, en la Isla de Cozumel, municipio del mismo nombre, Quintana Roo”.
El documento, al que se tuvo acceso por medio de Transparencia, está fechado el 29 de mayo del 2017 y firmado por el director de Comunicaciones y Transporte del estado, Alejandro Janitzio Ramos Hernández. Lógicamente, de acuerdo con los estatutos del FUTV, esta sesión fue avalada por el Sindicato de taxista de Cozumel, que en ese tiempo dirigía Miguel Alberto Alonso Marrufo.
Sin embargo, como el suegro de Alonso Marrufo no es ruletero, ni pertenecía al Sindicato de taxistas, el entonces secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante, solicitó a cambio, que le avalaran la otra concesión, la 305 que es propiedad del FUTV; en un acto por demás alevoso y ventajoso, se auto otorgó la placa en la isla de Cozumel, para ello utilizó como testigo a su hermano Ariel Peniche Rodríguez y un incondicional de nombre Amado González Argüelles, quien en ese año era tesorero del FUTV.
Según el “Contrato privado de cesión de derechos a título gratuito”, aparece como “Cedente” Eduardo Peniche Rodríguez, en su carácter de Secretario General del Frente Único de Trabajadores del Volante y como “El Cesionario”, Eduardo Peniche Rodríguez, es decir, se la otorgó a sí mismo. El oficio que acredita la concesión del taxi 305 es SINTRA/DCT/4558/2011, donde se certifica la concesión de taxi. El documento fue firmado por el cedente y el cesionario el 27 de marzo del 2017; la solicitud de transferencia a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) fue fechada el 6 de abril de 2017.
Ante estos hechos, el Frente se quedó sin dos placas de taxis, que fueron desincorporadas del patrimonio del FUTV para beneficio de particulares, incluido el entonces dirigente; de ahí que se solicita la intervención de las autoridades correspondientes para que Miguel Alberto Alonso Marrufo rinda cuentas por estas dos concesiones, 303 y 305, otorgadas de manera irregular a su suegro que no había sido taxista en su vida, y a Eduardo “Wato” Peniche, pues son concesiones que no son monedas de cambio para el tráfico de influencias, sino para el usufructo de los miembros del FUTV.
Cabe recordar, que según los “Estatutos del Frente Único de Trabajadores del Volante de Quintana Roo”, en su artículo 2, fracción segunda, dice que el objeto del Frente es “procurar el bienestar económicos de sus afiliados”, y Miguel Ángel Coral Arellanes no estaba afiliado, pues no aparece en la lista de prelación del padrón de los que esperan les sean otorgadas placas.
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Además, lo que señala la sección cuarta del capítulo III, artículo 5º del Estatuto, “exigir al Frente Único de Trabajadores del Volante del estado de Quintana Roo la defensa de los bienes personales que como afiliado al mismo tiene derecho”.
