Entre el activismo y el mercado: la delgada línea que pone a prueba la credibilidad ambiental en Quintana Roo
El activismo ambiental en la Riviera Maya atraviesa un momento incómodo pero necesario: el de la revisión pública. Las recientes revelaciones sobre los vínculos profesionales de Antonella Vázquez Cavedón, fundadora de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con el sector inmobiliario turístico, abren una discusión que va más allá de una persona u organización: la transparencia como pilar de la legitimidad.
De acuerdo con información proveniente del Registro Público de Comercio de Quintana Roo, así como de la revisión de resoluciones judiciales federales y documentos notariales, Antonella Vázquez Cavedón, fundadora de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), por un lado, impulsa procedimientos legales para detener la construcción de diversos desarrollos turísticos —como el proyecto Perfect Day en Mahahual, en la costa de Quintana Roo—, mientras que por otro lado, según los mismos documentos y testimonios recabados en la zona, se acerca a propietarios y vecinos para ofrecer sus servicios legales con el fin de evitar este tipo de conflictos, mostrando un esquema de actuación que ha sido señalado como una forma de presión. Este patrón, de acuerdo con la información revisada, se habría presentado en zonas como Bahía Solimán y Tankah IV, en el municipio de Tulum.
El punto central no es la ilegalidad —la cual no ha sido acreditada en ninguno de los documentos consultados—, sino la congruencia. En un estado como Quintana Roo, donde el desarrollo inmobiliario ha sido históricamente señalado por su impacto ambiental, el hecho de que una figura clave del litigio ambiental también haya participado en estructuras jurídicas vinculadas a ese mismo sector genera, al menos, un evidente conflicto de interés potencial.
Este tipo de estructuras, como los fideicomisos en zona restringida, están respaldadas por la legislación derivada del artículo 27 constitucional, que limita la propiedad extranjera directa en zonas costeras. Sin embargo, especialistas en derecho urbano y ambiental han advertido que estos esquemas pueden dificultar la trazabilidad de responsabilidades en proyectos turísticos.
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DMAS, creada en 2018, se ha posicionado como un actor relevante en el litigio estratégico ambiental. Diversas sentencias de tribunales federales han confirmado que proyectos impugnados por la organización carecían de autorizaciones ambientales, lo que ha fortalecido su imagen pública como defensora del territorio.
No obstante, la revisión de expedientes judiciales y registros notariales también muestra que parte de la actividad profesional de Vázquez Cavedón se ha desarrollado en el mismo contexto territorial donde se concentran conflictos ambientales relevantes, particularmente en zonas costeras de alta fragilidad ecológica.
El contexto territorial añade complejidad al caso. De acuerdo con estudios ambientales y reportes técnicos sobre el corredor costero de Tulum, áreas como Bahía Solimán y Tankah IV presentan problemáticas como construcciones sobre dunas, afectaciones al sistema kárstico, contaminación por drenaje y alteraciones en zonas de anidación de tortugas marinas.
La coincidencia entre litigios ambientales, vínculos profesionales con actores inmobiliarios y la concentración geográfica de conflictos ha comenzado a generar cuestionamientos en el debate público local.
En este contexto, el fondo del debate no es jurídico, sino ético. La credibilidad de cualquier organización ambiental depende no solo de sus resultados en tribunales, sino de la claridad con la que maneja sus posibles conflictos de interés.
Porque en un territorio como la Riviera Maya, donde el desarrollo y la conservación están en tensión constante, la confianza pública es un activo fundamental. Y sin transparencia, incluso las causas más legítimas pueden verse debilitadas.
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