Trabajadores del hospital internacional de Cozumel fueron despedidos injustificadamente este miércoles; el argumento que dio la empresa fue que se declaró en quiebra. Ante ello el gobierno de Quintana Roo ha salido a brindar su apoyo a dicho personal.
Sin embargo la molestia de los afectados es que no les han querido pagar la liquidación como corresponde, además les retuvieron su última quincena, por lo que ex trabajadores asistieron a las afueras del inmueble para manifestar sus inconformidades.
“No lo merecemos, porque hemos trabajado bien para su empresa, llevo más de 20 años trabajando y únicamente me querían dar una gratificación de cinco mil pesos en dos partes”, dijo una de las afectadas.
Cabe señalar que de forma individual levantaron las denuncias ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje Y se espera que en los próximos días levanten una denuncia de manera colectiva, pues son casi 80 personas las afectadas.
INTERVIENE GOBIERNO ESTATAL
El que ha tomado cartas es el Gobierno de Quintana Roo, que mediante su representante en la isla, desde ayer mismo que se enteró de la situación se puso en contacto con el personal despedido.
Jesús Zetina Tejero, indicó que siguiendo lo que ha indicado el gobernador Carlos Joaquín, se puso en contacto tanto con la secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, como con la procuradora de la Defensa del Trabajo, quienes ya han escuchado al personal despedido e incluso han comenzado a acordar entrevistas con el mismo, a quienes estarán recibiendo en grupos de cuatro.
Destacó que incluso el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín ya está enterado de la situación y de que incluso se les han retenido sus salarios a cambio de que firmen su finiquito. Aseguró que se tomarán las medias correspondientes para proteger a estos empleados despedidos y que no van a permitir que estas empresas actúen de manera arbitraria.
OPINIÓN EN CORTO
El propio gobernador, Carlos Joaquín González, afirmó que aquellas empresas que no se solidaricen con sus trabajadores serán vigiladas de cerca, para que se respeten los derechos laborales. En este caso ya se vio su rápida intervención, y es probable que se se les aplique todo el peso de la ley.
Es evidente que esta clínica, que cuenta con una cámara hiperbárica y que ha obtenido importantes ganancias derivado del turismo que les proporciona esta isla, cuentan con recursos de sobra para liquidar a sus trabajadores, pero se niega a hacerlo. Por ello, representa una oportunidad para que se aplique un castigo ejemplar que sirva de escarmiento a otros que también pretendan aprovecharse de la actual emergencia sanitaria para violentar la ley.
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Y es que ya lo había asegurado el mandatario quintanarroense: que no se iban a permitir esta clase de actos durante la contingencia por coronavirus.
