Denuncian penalmente a Iovana N por presunto desvío de cuotas del SIEM en la Canaco Playa del Carmen

Iovana N, quien se ostentaba como presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Playa del Carmen (Canaco), fue denunciada penalmente por el presunto desvío de cuotas de afiliación y del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) hacia una cuenta bancaria personal. Se le atribuyen los presuntos delitos de fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos.

De acuerdo con la denuncia, la señalada habría engañado a afiliados y comerciantes al cobrarles la cuota del SIEM haciéndoles creer que el dinero ingresaba a la cuenta de la Cámara cuando, en realidad, llegaba a una cuenta personal registrada a su nombre.

Una terminal de cobro ligada a una cuenta a nombre personal

Según la denuncia, a partir del 24 de marzo de 2026 Iovana N —quien se ostentaba como presidenta, cargo que la Secretaría de Economía no le reconoce— habría instruido la instalación de una terminal de cobro en el área de cajas de la Canaco para recibir cuotas de afiliación y del SIEM 2026.

Esa terminal se vinculó a una cuenta del banco Swap cuya titular real es la propia señalada, pero que fue registrada bajo el nombre “Cámara Nacional de Comercio PDC”. El propósito, plantea la denuncia, era simular una titularidad institucional e inducir a los comerciantes a creer que sus pagos ingresaban al patrimonio de la Cámara.

Las pruebas que sustentan la acusación

El elemento central es el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) del Banco de México, el registro oficial del sistema de transferencias que identifica al receptor real de cada operación. Mientras las aplicaciones bancarias mostraban como beneficiario a la “Cámara Nacional de Comercio PDC” —un dato que las propias apps advierten que no verifican—, el CEP de Banxico revela que la cuenta pertenece a una persona física.

A ese comprobante se suman otros elementos aportados con la denuncia:

• Una hoja de “Requisitos SIEM” colocada en el área de cajas de la Cámara que, en el apartado de formas de pago, indicaba transferir a nombre de “Cámara Nacional de Comercio PDC”, a la CLABE del banco Swap que corresponde a la cuenta personal de la señalada.
• El reporte de operaciones de la terminal de cobro, que documenta los movimientos realizados a lo largo de casi un mes.
• Las facturas (CFDI) emitidas por la Cámara con su RFC institucional por varios de esos cobros, pese a que el dinero —según la denuncia— no llegó a las arcas del organismo, lo que genera una disociación entre el comprobante fiscal y el destino real de los recursos.

78 cobros por más de 60 mil pesos

Conforme al reporte de la terminal, entre el 24 de marzo y el 22 de abril de 2026 se concentraron 78 cobros por un total de 60 mil 900 pesos. Ninguno de esos pagos, de acuerdo con los denunciantes, ingresó al patrimonio de la Canaco. Los montos no se limitaron a los 100 pesos de la cuota del SIEM: el reporte incluye pagos de afiliación y otros conceptos que alcanzaron hasta los 10 mil pesos.

Alertas desde el interior de la Cámara

De acuerdo con la denuncia, trabajadores de la propia Canaco advirtieron que la terminal se instaló sin conocimiento ni autorización de la administración reconocida, y que para darla de alta se habría utilizado la identidad de una empleada sin su consentimiento. Según esa misma versión, el personal manifestó desconocer a quién pertenecía la cuenta a la que se canalizaban los pagos.

La FGR se declaró incompetente y turnó el caso a la Fiscalía estatal

La denuncia se presentó inicialmente ante la Fiscalía General de la República (FGR). En un oficio del 28 de abril de 2026, esa instancia se declaró incompetente al considerar que no se trata de un delito del orden federal ni hay servidor público involucrado —la Canaco es un organismo de interés público de carácter privado, no una dependencia de gobierno— y remitió el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

La FGR no exoneró a la señalada: únicamente determinó que la investigación corresponde al ámbito estatal, donde se integra por los presuntos delitos del fuero común. En paralelo, los denunciantes promovieron ante la Secretaría de Economía una solicitud de inspección a la Cámara y de medidas para recuperar el patrimonio del organismo.

La investigación sigue su curso en la Fiscalía estatal. Iovana N, como toda persona señalada, conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

Quinta Fuerza buscó la versión de Iovana N sobre los señalamientos. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.