Solidaridad.- Tras un intento de desalojo derivado de una orden judicial, durante la mañana de este martes en el asentamiento irregular “Nueva Esperanza”, La presidenta de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, hizo un llamado para establecer una mesa de trabajo para dialogar sobre su situación.

La edil solidarense acompañada de varios funcionarios, reconoció que el intento de desalojo derivó de una orden de un juez, lo cual es ajeno a la competencia municipal; sin embargo, como gobierno, no se puede dejar desamparados a sus habitantes, por lo que se realizó este acercamiento y la instalación de la mesa de diálogo.

La reunión con los vecinos tuvo lugar en el Auditorio del Palacio Municipal del centro, en la que las personas afectadas pidieron a las autoridades municipales su mediación para encontrar una solución a este problema. Dijeron estar dispuestos a tener un acercamiento con quienes dicen ser los presuntos poseedores de las tierras donde se ubican sus viviendas, si es necesario.

Laura Beristain señaló que es respetuosa de lo que mandata el Poder Judicial, puesto que la orden de desalojo proviene de un juez; sin embargo, lo que ella condena es el uso excesivo de la fuerza pública en un lugar donde habitan personas de la tercera edad, niños y mujeres.

En ese mismo tenor descartó que elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito hayan participado en la orden de desalojo y que tras estos hechos solo se encuentran realizando trabajos preventivos para garantizar la seguridad y la paz social en el municipio.

Al respecto, el secretario general del Ayuntamiento, Alfredo Paz Cetina, informó que tras la reunión con los colonos la primera mesa de negociaciones será esta mismo martes por la tarde, en donde se ha acordado que estén presentes dos representantes por cada una de la manzanas que conforman este asentimiento humano.

“Todo lo que se realiza es trabajo preventivo y de diálogo, buscando llegar a soluciones correctas sin violentar a las familias afectadas”, dijo.

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Por último, agregó que aparentemente existe un asentamiento irregular, y se está llevando una acción jurídica. El juez determinó que era necesario el uso de la fuerza pública para el retiro de las personas en despojo de un predio y las acciones fueron realizadas por la policía ministerial en cumplimiento a un mandato judicial, precisó.

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